Un exfuncionario de la ATTT propone plan de emergencia de 100 días para la movilidad en Panamá

Un exmiembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) describe la ciudad de Panamá como un gigantesco estacionamiento. Según su relato, miles de personas salen cada día de sus casas sin saber cuánto tardarán en llegar a su destino, y un recorrido corto puede convertirse en una travesía de varias horas, con cansancio y frustración como parte de la rutina.

El autor sostiene que el problema va más allá del tráfico vehicular y afecta la economía, lo social, lo institucional y la calidad de vida. Cada hora perdida en un tranque, dice, implica productividad desperdiciada, combustible consumido, contaminación y tiempo que se resta a la familia, al descanso y a las actividades personales.

El texto contrasta esa realidad con la aspiración de Panamá de consolidarse como ciudad global, respaldada por el Canal, un importante centro de conectividad aérea, el sistema financiero, los puertos y el Metro. Para el autor, el reto está en la autoridad, la regulación, la coordinación institucional y la capacidad de hacer cumplir las normas. Recuerda que, durante su paso por la ATTT, pidió investigar los pagos compensatorios vinculados a la salida de los antiguos diablos rojos, proceso que, según su conocimiento, terminó retirándose sin el alcance que había solicitado. También afirma que sus propuestas sobre la circulación de camiones de carga fueron modificadas al llegar a la Asamblea Nacional.

El artículo cita tres experiencias internacionales. Seúl reorganizó sus rutas de autobuses en 2004, creó carriles exclusivos e integró las tarifas con el metro. Singapur aplica un sistema de tarifas por congestión y gestión de la demanda vehicular. Londres cobra por circular en ciertas zonas y horarios, aunque el autor advierte que cualquier medida similar en Panamá exigiría estudiar antes sus efectos sociales y económicos.

Para enfrentar la situación, propone un Plan de Emergencia de Movilidad Urbana de 100 días, acompañado de una reforma estructural. Entre sus diez recomendaciones figuran desplegar agentes capacitados en las intersecciones más conflictivas, sancionar el bloqueo de cruces, crear un centro de control del tránsito en tiempo real con cámaras y semáforos inteligentes, revisar giros y retornos peligrosos, escalonar horarios de entrada y salida, regular estacionamientos y la carga y descarga, mejorar la integración entre el Metro, MiBus y los barrios, y publicar indicadores semanales de congestión. El cronograma prevé identificar puntos críticos en los primeros 30 días, ajustar semáforos y pilotear horarios escalonados entre los días 31 y 60, y evaluar resultados y presentar una hoja de ruta entre los días 61 y 100. Para coordinarlo, plantea una mesa técnica metropolitana con la ATTT, los municipios, el Metro, MiBus, especialistas y representantes ciudadanos, sin crear una nueva institución.

El autor reconoce que cien días no bastarán para resolver el problema, pero considera que sirven para demostrar voluntad de corregirlo. Subraya la necesidad de estadísticas confiables sobre el parque vehicular, los desplazamientos y la capacidad real de las vías, así como una planificación metropolitana que vincule vivienda, empleo, educación y transporte. El texto no indica si las autoridades han respondido a la propuesta.