Tribunal confirma la libertad del apartamento de Gaby Carrizo en Costa del Este

Un Tribunal de Apelaciones respaldó la decisión que deja sin efecto la aprehensión del apartamento donde vive el exvicepresidente José Gabriel "Gaby" Carrizo, ubicado en el PH Marea 1, en Costa del Este. La medida había sido declarada ilegal el 4 de septiembre por la juez de garantías Karolina Jaén, pero el Ministerio Público apeló esa resolución.

La apelación se conoció en una audiencia celebrada el miércoles 23 de septiembre. Tras escuchar a las partes, el magistrado Mauricio Marín indicó que el tribunal compartía el criterio de la juez Jaén, por lo que el bien seguiría liberado.

La defensa sostiene que el inmueble se adquirió antes de que Carrizo asumiera un cargo público. El abogado Roberto Moreno explicó que la compra se hizo con fondos aportados por Julieta Spiegel, antes de la toma de posesión del exvicepresidente, por lo que quedaría fuera del periodo revisado por la Contraloría General de la República. Esa auditoría forense es la prueba principal del caso.

La operación se formalizó el 24 de mayo de 2019, cuando Carrizo ya era vicepresidente electo. La transacción se hizo a través de la Fundación Carspi, que él preside y de la que es representante legal. Posteriormente, la propiedad pasó a nombre de la sociedad Nano Properties Corp., cuya representante legal es Spiegel. Según la información remitida a la fiscalía, Carrizo es el beneficiario del 100% de las acciones de esa empresa.

La fiscal anticorrupción Patricia Herrera cuestionó el argumento de la defensa. Aunque la compra es de mayo de 2019, la fiscal señaló que se realizaron pagos para cancelar la deuda del bien en septiembre de ese año, cuando Carrizo ya ejercía como funcionario.

El inmueble, de casi 650 metros cuadrados, fue adquirido poco después de la elección de Carrizo como vicepresidente. Antes, la pareja residía en una vivienda más modesta en Villa Belén, en Penonomé. Carrizo se encuentra en detención domiciliaria y acudió a la audiencia escoltado por agentes policiales.

El próximo 13 de octubre se realizará la audiencia de acusación contra el exvicepresidente. La Fiscalía indicó que, de resultar responsable de los delitos que se le atribuyen, la condena podría alcanzar hasta 24 años de prisión.