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POLÍTICA

Robinson propone eliminar el financiamiento público a partidos políticos

El diputado pidió también una auditoría forense a los partidos de los últimos 15 años, mientras el segundo debate de las reformas sigue pendiente.

Redacción Nacional, 7:49 p.m. · 1 min de lectura
Robinson propone eliminar el financiamiento público a partidos políticos

El segundo debate del proyecto de reformas electorales no se abordó este martes en el pleno de la Asamblea Nacional. La sesión, que se extendió por poco más de una hora, quedó marcada por el periodo de incidencias, en el que varios diputados pidieron centrar la atención en la emergencia que vive el país tras el sismo del pasado 9 de octubre y en la ayuda que necesitan las familias afectadas.

En medio de ese reclamo, el diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno, fue el único que se refirió directamente a las reformas electorales. Robinson planteó la necesidad de derogar las disposiciones relacionadas con el financiamiento público de los partidos políticos, es decir, el dinero que el Estado entrega a estas organizaciones.

El legislador también mencionó la Ley 699 y las reformas constitucionales. Además, propuso una auditoría forense a los partidos políticos que abarque los últimos 15 años y dijo que ya solicitó al contralor que realice esa revisión.

Según explicó, su posición sobre la eliminación de los artículos vinculados al financiamiento público electoral no cambiará, sin importar cuándo se retome la discusión del proyecto. En su intervención defendió que el tema debe avanzar y cuestionó que se postergue indefinidamente: si no se discute ahora, dijo, no se sabe cuándo se hará.

Robinson indicó además que la mayoría de la bancada firmó un documento para eliminar la sección segunda, denominada financiamiento público, del capítulo I del título V del Código Electoral. Esa sección comprende los artículos 203 al 230.

Por ahora, el segundo debate de las reformas electorales sigue pendiente en el pleno legislativo, mientras algunos diputados insisten en priorizar las medidas de atención a las comunidades afectadas por el sismo.

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