Diputados proponen moratoria bancaria y ayudas tras el sismo del 9 de octubre
Entre las iniciativas figuran pagos de $250 mensuales a familias damnificadas y aportes de hasta $5,000 para pequeños negocios.
Diputados de la Asamblea Nacional presentaron una serie de propuestas para enfrentar las afectaciones económicas que dejó el sismo del pasado 9 de octubre. Entre ellas figuran una moratoria para aliviar los compromisos bancarios, ayudas mensuales de $250 para las familias damnificadas y aportes de hasta $5,000 para pequeños negocios.
Las iniciativas buscan dar un respiro financiero a familias, comerciantes, productores y dueños de negocios turísticos de las provincias afectadas, sobre todo en el interior del país. Según los proponentes, en esas zonas muchas personas tienen dificultades para recuperar sus viviendas y reactivar sus actividades económicas.
El diputado Luis Duke detalló que una de las propuestas contempla entregar $250 al mes a las familias damnificadas durante un periodo determinado. También se plantea otorgar hasta $5,000 a micro, pequeños y medianos empresarios para reconstruir sus negocios afectados por el movimiento telúrico. Además, se propone una moratoria similar a la que se aplicó durante la pandemia de covid-19, con el fin de pausar el pago de deudas por un tiempo.
La moratoria busca que quienes tienen compromisos con bancos cuenten con un plazo para reorganizar sus finanzas mientras se recuperan de las pérdidas. Sin embargo, estas iniciativas son propuestas legislativas y todavía no constituyen beneficios aprobados.
Por otro lado, el diputado Lenin Ulate planteó elevar a rango de ley la realización de simulacros anuales. Según explicó, esta medida ya existe en un decreto, pero quiere que quede establecida por ley, con ajustes que permitan medir los tiempos de reacción de las instituciones y detectar fallas que deban corregirse antes de una emergencia real.
Otra de las medidas planteadas es un censo detallado de las viviendas destruidas o afectadas, así como de los comercios que necesitan asistencia. Los diputados consideran que este registro ayudaría a identificar a los damnificados, conocer sus necesidades y orientar los recursos hacia los más perjudicados, con el fin de agilizar la entrega de ayudas.
