Panamá avanza con tres convenios de cooperación judicial internacional

El Consejo de Gabinete aprobó tres proyectos de ley para incorporar a Panamá a mecanismos internacionales de cooperación jurídica. Las iniciativas abarcan tres temas: pensiones alimenticias, obtención de pruebas en el extranjero y notificaciones judiciales fuera del país. Los proyectos, identificados como 37-26, 38-26 y 39-26, se vinculan con convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que establecen procedimientos para que los países colaboren en asuntos legales con componentes internacionales. Ahora deben presentarse ante la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.

El proyecto 37-26 corresponde al Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, adoptado el 23 de noviembre de 2007. Con su ratificación, Panamá se sumaría a un sistema de cooperación entre autoridades de distintos países para cobrar pensiones alimenticias en el extranjero, así como para reconocer y ejecutar decisiones sobre esas obligaciones. Según la exposición de motivos, el objetivo es fortalecer la protección de los derechos humanos, sobre todo el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias cuando las partes viven en países diferentes.

El proyecto 38-26 se refiere al Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, adoptado el 18 de marzo de 1970. La iniciativa busca armonizar los procedimientos para obtener pruebas entre sistemas jurídicos distintos, reducir obstáculos procesales y agilizar los casos que involucran a más de un país. La exposición de motivos destaca su importancia para Panamá, por su papel como centro logístico, financiero y comercial, donde pueden surgir controversias que requieran pruebas fuera del territorio nacional. Además, la ratificación contribuiría a dar más seguridad jurídica con reglas claras para realizar diligencias probatorias en el exterior.

El proyecto 39-26 corresponde al Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, adoptado el 15 de noviembre de 1965. Este instrumento establece un marco común para transmitir y notificar documentos judiciales y extrajudiciales que deban entregarse en otro país. La medida busca mejorar la coordinación entre los Estados y hacer estas diligencias más eficientes y seguras, sobre todo en procesos civiles y comerciales con elementos internacionales.

En conjunto, los tres proyectos apuntan a fortalecer la cooperación jurídica internacional de Panamá, facilitar los procesos judiciales transfronterizos y mejorar la asistencia entre autoridades de distintos países. El siguiente paso será su presentación ante la Asamblea Nacional.