Mulino recibe 17 recomendaciones sobre el futuro de Cobre Panamá

El futuro del sitio minero Cobre Panamá, ubicado en Donoso, Colón, llegó este miércoles 30 de septiembre al despacho del presidente José Raúl Mulino. La Comisión Interministerial le entregó su Informe Final, que contiene 17 recomendaciones y seis criterios que, según el documento, deben guiar cualquier solución para el complejo.

La Comisión aclara que no toma la decisión. Esa responsabilidad recae exclusivamente en el mandatario, quien anunció que estudiará el documento antes de dar a conocer qué resolverá.

El informe también busca precisar la situación actual del sitio. Según el texto, la mina no está simplemente inactiva. Permanece bajo un plan de preservación ordenado por el Estado, con vigilancia, mantenimiento y monitoreo permanente. No hay extracción minera en curso, pero sí se procesa material extraído antes de noviembre de 2023 que quedó acopiado en las instalaciones. Son 31.6 millones de toneladas de roca, de las cuales ya se ha procesado el 16%.

La auditoría integral fue ordenada por el Estado y realizada por SGS Panamá Control Services Inc. El expediente, de 15 tomos, fue publicado para consulta ciudadana. El informe presenta tres resultados: 98.92% de cumplimiento medido compromiso por compromiso, 97.5% al considerar también los casos parciales, y 87.73% en una calificación integral ponderada que incorpora riesgos y pasivos futuros. Además, identifica cuatro no conformidades, todas vinculadas a flora, restauración ecológica y reforestación. Para corregirlas, la Comisión propone un plan con metas, plazos y verificación externa.

El documento también pone cifras económicas sobre la mesa. Según la Comisión, cada día sin un marco definido representa B/.6.85 millones en divisas que el país deja de generar, además de B/.3.79 millones diarios de aporte al producto interno bruto, B/.1.28 millones en impuestos directos y B/.390 mil para la Caja de Seguro Social. Estas cifras son promedios. Asimismo, un cierre sin acuerdo podría costar entre B/.2,600 millones y B/.3,400 millones durante un periodo de 17 a 19 años, incluyendo el cierre y el mantenimiento posterior.

Otro punto sensible son los arbitrajes internacionales. Las cuantías reclamadas suman al menos US$27,000 millones en sus montos mínimos. El informe aclara que se trata de reclamaciones, no de una deuda reconocida por Panamá ni de montos adjudicados por tribunales. Por eso, la Comisión recomienda que la terminación de los arbitrajes pendientes sea condición de cualquier acuerdo.

Entre los seis criterios figuran acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la Ley 407 de 2023, mantener la rectoría del Estado sobre los yacimientos, evitar costos fiscales para los panameños, garantizar transparencia verificable, priorizar a las personas afectadas directamente por el cierre y mantener una supervisión bajo estándares internacionales. También se recomienda que la huella territorial no aumente y se reduzca de forma progresiva, que se fije una fecha para el cierre final y que los pasivos residuales se identifiquen, cuantifiquen y financien.

Para las comunidades de la zona, el informe propone acompañamiento técnico a proyectos locales y un mecanismo de legado ambiental orientado a conservación, formación científica, restauración y educación ambiental.

Mientras tanto, el sitio sigue bajo el plan de preservación y supervisión ambiental del Estado. Mulino recibió el documento y reiteró que lo analizará antes de decidir. También dejó claro que será él quien comunique al país la resolución sobre el futuro de la mina.