Piden controles para quién consulta los datos personales en instituciones públicas de Panamá

El debate sobre la automatización y los riesgos de las tecnologías emergentes para los datos personales abre una pregunta más básica: quién puede consultar la información de la ciudadanía, con qué fin y con qué controles. Así lo plantea un artículo de opinión firmado por un egresado de la Escuela de Gobernanza de Internet de Internet Society Panamá.

El texto recuerda que la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 establece principios, derechos y procedimientos para proteger los datos personales en el país. Su reglamento, el Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021, regula la figura del oficial de protección de datos. El autor considera positivo que la norma se fije en la idoneidad de quienes ejercen esa función, pero sostiene que el reto está en aplicar esos principios a las consultas que se realizan cada día.

El autor cuenta que trabajó como oficial de trámites resolutivos en el Tribunal Electoral, institución que organiza las elecciones y también administra la cedulación y el registro civil. Según su relato, en ese cargo el manejo de fotografías, nombres y vínculos familiares era parte de la rutina.

Durante ese período, afirma haber visto a algunos servidores consultar información sobre cónyuges y familiares, incluidos menores de edad. En los casos que presenció, dice, no le constaba qué trámite justificaba esas consultas. A partir de ahí se pregunta cómo verifica una institución que cada acceso responde a una necesidad del servicio.

Para distribuir esas responsabilidades, el artículo toma como referencia experiencias internacionales. Menciona que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea contempla garantías de independencia para quienes ejercen funciones de protección de datos, y que en el Reino Unido la Oficina del Comisionado de Información promueve una formación diferenciada según las tareas de cada trabajador.

El autor propone que Panamá establezca requisitos técnicos para los servidores públicos que manejan información personal y lleve un registro institucional de quiénes están autorizados a consultarla. Añade que esa autorización debería acompañarse de formación continua, evaluaciones periódicas y controles que permitan revisar quién accedió a un registro y con qué propósito. Según el texto, las instituciones públicas deben aplicar el mismo rigor que se exige al sector privado.

El planteamiento central es que cada institución pueda explicar quién consultó los datos de una persona, por qué lo hizo y qué medidas tomó si el acceso fue indebido.