Mulino recibe informe sobre la mina y aclara que no es una decisión

El presidente José Raúl Mulino recibió de los ministros que integraron la mesa interinstitucional el documento sobre el futuro de la mina de cobre. El mandatario dejó claro que el informe no es una decisión, sino un estudio con recomendaciones. Él y su gabinete, junto con sus asesores, harán el análisis correspondiente antes de definir cualquier paso.

Mulino precisó que el documento tampoco establece una fecha para una eventual operación, porque esa no era la tarea encomendada a la comisión. Explicó que hace tres meses ordenó conformarla con los ministros de Comercio, de Economía y Finanzas, y de Mi Ambiente. Su encargo fue reunir la información disponible, consultar expertos cuando fuera necesario y evaluar las alternativas para el país. Entre los trabajos figura una auditoría integral del sitio.

El presidente vinculó su pedido de un estudio amplio con el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 27 de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato de concesión. Según dijo, ese fallo se acata en su totalidad, pero no determina qué hacer con las instalaciones que siguen en el lugar minero.

En cuanto al impacto, Mulino citó cifras del informe. Unas 1,500 empresas panameñas perdieron su mercado, y tres de cada cuatro eran micro, pequeñas o medianas. Esa cadena compraba alrededor de $1,000 millones al año a empresas del país. El documento también calcula la pérdida de más de 6,000 empleos directos y más de 30,000 indirectos, y señala que unas 144,000 personas perdieron de inmediato su sustento.

El mandatario puso énfasis en las comunidades de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada. Recordó que esa región aportó más de un tercio de los trabajadores y que también ha enfrentado impactos ambientales. Según sus palabras, el informe las coloca en primer lugar.

Mulino fijó seis criterios que, afirmó, deberán considerarse en cualquier decisión sobre el sitio, y los considera no negociables. Añadió que cualquier alternativa debe contemplar un cierre ordenado, financiado por el propio sitio y sujeto a verificación paso a paso, aunque tome décadas. También aclaró que el informe no autoriza contrataciones ni compromete recursos del presupuesto del Estado, condición que él mismo puso: si hay un arreglo, debe financiarse solo.

Por último, el presidente anunció que el documento será público para que ciudadanos, periodistas, universidades y organizaciones puedan revisarlo. Dijo que cualquier decisión la comunicará él directamente, sin filtraciones ni versiones informales. Al cerrar, recordó que el país enfrenta un yacimiento de gran escala, dos contratos anulados sobre el mismo sitio y una discusión que se ha extendido por casi tres años.