Mulino recibe informe sobre la mina de Donoso y dice que decidirá tras estudiarlo

El presidente José Raúl Mulino recibió este miércoles el Informe Final y Recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre la mina de cobre de Donoso. El documento propone un cierre ordenado del sitio, financiado por el mismo proyecto y sujeto a mecanismos de verificación.

Mulino aclaró que el informe no es una decisión presidencial. Según explicó, es un estudio con recomendaciones, y lo revisará con su Gabinete y sus abogados antes de definir el futuro del yacimiento. Indicó que la comisión tenía el mandato de analizar de forma integral la situación de la mina antes de plantear sus conclusiones.

El mandatario subrayó que el documento no autoriza nuevas contrataciones ni compromete recursos del Presupuesto General del Estado. Señaló que esa condición es suya y no una aspiración de otros sectores. La comisión recomendó precisamente establecer las condiciones para iniciar el cierre sin recurrir a fondos públicos.

El presidente advirtió que no tomará una decisión apresurada sobre un tema que, a su juicio, marcará al país durante décadas. Añadió que la decisión final la comunicará él mismo a toda la población, con sus fundamentos, y descartó que se conozca mediante filtraciones o versiones extraoficiales.

Mulino recordó que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de la mina el 27 de noviembre de 2023 y dijo que ese fallo será acatado en su totalidad. No obstante, sostuvo que la sentencia resolvió sobre el contrato y no sobre la administración del sitio físico, que sigue requiriendo gestión diaria. Mencionó instalaciones de manejo de relaves, tajos abiertos, una planta eléctrica y un puerto.

En su intervención, el presidente se dirigió a los habitantes de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada, así como a los alcaldes y comunidades que participaron en la evaluación, y afirmó que el informe los coloca en primer lugar. La comisión trabajó con información sobre las comunidades afectadas y sobre el impacto económico y social del cese de operaciones, incluidos estudios sobre empleo, proveedores, crecimiento económico y finanzas públicas.

Por último, Mulino confirmó que el informe será público para consulta de ciudadanos, periodistas, universidades y organizaciones, y pidió que la decisión se base en información verificable.