Comisión recomienda negociar con First Quantum el cierre de la mina

La Comisión Interministerial recomendó al presidente José Raúl Mulino autorizar negociaciones formales con Cobre Panamá y con su matriz, First Quantum Minerals Ltd. El propósito es evaluar un acuerdo que ponga fin a los arbitrajes internacionales pendientes y fije las condiciones para un cierre ordenado de la mina. Según el planteamiento, el acuerdo no debería costarle nada al Estado y no dejaría espacio para prórrogas. La comisión está integrada por el ministro de Comercio, Julio Moltó, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Su informe aclara que la recomendación no fija una fecha para retomar actividades en el sitio y que todavía no se trata de una decisión tomada.

El análisis legal parte de que la ley que aprobó el contrato minero fue declarada inconstitucional. De acuerdo con el informe, el fallo se apoyó en la protección de derechos fundamentales, del ambiente y del interés público. Sin embargo, la Corte no resolvió todos los temas. No definió qué hacer físicamente con el sitio ni prohibió la actividad minera en sí. El problema central, según el documento, fue que el modelo escogido, un contrato-ley, no cumplía con la Constitución. Por eso, la comisión propone que el nuevo instrumento no sea ni contrato-ley ni concesión.

El informe también recuerda el fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2023, que dejó sin efecto el contrato de explotación. Allí, los magistrados señalaron que las concesiones mineras fueron reguladas por la Ley de 2006 y por el Código de Recursos Minerales. Ese Código contempla el método de solicitud, que, al igual que la licitación, no se utilizó para el contrato aprobado mediante la Ley 406 de 2023. Esa norma optó por un mecanismo de negociaciones, que la Corte considera propio del derecho privado y ajeno al derecho administrativo. Por ello, cualquier salida debe respetar el principio de legalidad y las leyes vigentes.

La comisión sostiene que seis condiciones son indispensables en cualquier solución o conversación con la empresa. No se presentan como deseos, sino como requisitos que no están sujetos a discusión, y cualquier equipo negociador deberá respetarlos. Además, la terminación o finiquito de los arbitrajes internacionales será un requisito obligatorio para cualquier acuerdo. El nuevo esquema deberá contar con un dictamen jurídico publicado, que incluya la opinión del Procurador General de la Nación y de la Procuradora de la Administración.

El informe fija ocho principios generales para guiar la negociación. El primero es un cierre progresivo, con fecha y financiamiento definidos, bajo un modelo autofinanciado que se apoya en la propiedad de la Nación sobre los minerales. La huella de la mina no debe crecer y debe reducirse de forma verificable. Además, se propone establecer una fecha final de cierre y garantizar desde el inicio que los costos de restauración estén identificados y financiados, con una ejecución por etapas para disminuir el impacto ambiental.

En lo económico, el informe plantea que el nuevo modelo genere beneficios muy superiores a los anteriores y que la comparación se publique para que la ciudadanía la conozca. Los recursos deberán manejarse con total transparencia y poder rastrearse hasta la obra final. Una parte de los ingresos iría de manera automática a un plan ambiental a cargo del Ministerio de Ambiente. La comisión sugiere una entidad con autonomía real, gestión profesional y alejada de los ciclos políticos, con acceso total a la información, incluidos los contratos, los dueños finales y las auditorías de sitio, que deben contar con la participación de las comunidades locales. También pide iniciar programas de agua, salud, saneamiento y electricidad para las comunidades cercanas, formalizar el monitoreo comunitario y crear apoyos para las pequeñas y medianas empresas afectadas por el cierre.