Abel Oliveros dice que los opositores a la mina viven en una burbuja

El futuro del proyecto minero de Donoso sigue generando posturas enfrentadas tras la presentación del informe final de la Comisión Interministerial. Las opiniones van desde quienes defienden las oportunidades económicas para las comunidades cercanas hasta quienes cuestionan el mecanismo jurídico que permitiría que las operaciones continúen.

El debate se concentra ahora en la decisión que podría tomar el presidente de la República y en el marco constitucional, jurídico y ambiental que serviría de base para cualquier determinación. Hasta el momento, no existe una ruta definida y cada sector plantea sus propias prioridades.

Abel Oliveros, residente de comunidades vecinas a la mina, sostuvo en el programa Debate Abierto que quienes se oponen al proyecto desconocen parte de la realidad que viven las poblaciones del área de influencia. Según su planteamiento, existe una percepción alejada de las oportunidades que genera la operación, así como de las consecuencias que, a su criterio, tendría una eventual salida de la empresa para esas comunidades.

En la otra orilla del debate, el exfiscal ambiental Giovanni Olmos considera que el presidente enfrenta una situación compleja. Señaló que el caso exige analizar tanto los aspectos jurídicos como las implicaciones del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Uno de sus principales interrogantes es qué figura legal permitiría continuar con la explotación minera dentro de los parámetros que fijó el fallo.

Por su parte, el abogado especialista en derecho ambiental Harley Mitchell considera que el informe contiene elementos útiles para buscar una salida jurídica al caso. Entre ellos, destacó como punto fundamental el acatamiento de la decisión de la Corte. Mitchell también pidió revisar el documento más allá de las críticas políticas que ha generado, ya que, según indicó, incluye propuestas técnicas y jurídicas que merecen análisis. Calificó el informe como un instrumento de carácter político, al que comparó con un libro blanco interministerial, pero recomendó que el debate no se quede solo en esa dimensión.

Otro punto pendiente es la gestión ambiental que requeriría una eventual continuidad del proyecto, así como las obligaciones vinculadas al plan de cierre. Olmos indicó que el presidente deberá determinar qué instrumento de gestión ambiental sería aplicable si se avanza en esa dirección. Añadió que cualquier decisión debe sustentarse jurídicamente y tomar en cuenta tanto la Constitución como los compromisos de convencionalidad asumidos por el país.