Libertad Ciudadana alerta sobre riesgos de ampliar excepciones en compras públicas
La nueva disposición en el presupuesto de 2027 permite contratos de hasta un millón de dólares con menos controles. La organización pide veeduría ciudadana.
Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, cuestionó una disposición incluida en el proyecto de presupuesto general del Estado para 2027 que amplía las excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas. Según la organización, el cambio otorga más discrecionalidad en contratos de hasta un millón de dólares y reduce los controles destinados a prevenir la corrupción en el manejo de fondos públicos.
En un comunicado, la entidad señaló que la medida recorta controles justamente en áreas donde, según su análisis de experiencias panameñas e internacionales, los riesgos son mayores. Mencionó especialmente los argumentos de urgencia o emergencia, como los que enfrenta el país tras el terremoto del 9 de octubre pasado, en las tareas de atención que debe emprender.
La organización también advirtió que la preocupación aumenta porque persiste la falta de mecanismos efectivos para verificar quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que reciben contratos estatales. Además, comparó la disposición con un decreto promulgado apenas dos días antes, que busca fortalecer la prevención de conflictos de interés, exigir declaraciones de intereses a contratistas y permitir mayores verificaciones por parte de la ANTAI. Para Libertad Ciudadana, resulta contradictorio que ambas medidas avancen en sentidos opuestos.
Según el comunicado, en numerosos procesos de reconstrucción y emergencia alrededor del mundo, la combinación de discrecionalidad, opacidad y falta de controles efectivos crea condiciones para abusos, conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción.
Ante la posibilidad, que calificó como improbable, de que el Ejecutivo objete la norma, la organización pidió impulsar procesos de veeduría ciudadana que vigilen los posibles abusos amparados en esta reforma.
El origen de la reforma está en la discusión en segundo debate del proyecto de presupuesto en la Asamblea Nacional. Los diputados Benicio Robinson (PRD), Manuel Cohen (CD) y Luis Eduardo Camacho (RM) propusieron modificar el artículo 370 para ampliar la lista de entidades que pueden contratar hasta un millón de dólares sin aplicar la Ley 22 de 2006. La lista incluye instituciones públicas como los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno, que podrán adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos por situaciones fortuitas o de urgencia, o por razones de interés público que requieran atención prioritaria.
