Mulino sanciona el presupuesto de 2027 por $35,111.75 millones

El presidente José Raúl Mulino sancionó este lunes 2 de noviembre la ley que establece el Presupuesto General del Estado para 2027, por un total de $35,111.75 millones. La sanción llegó después de que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto la semana pasada, con lo que quedó definido cuánto dinero público estará disponible el próximo año.

Del total, $12,839.7 millones se destinarán a inversiones públicas, equivalentes al 36.6% del presupuesto. Según el Gobierno, esa cifra supera en un 12% lo asignado a este renglón en 2026. Para gastos de funcionamiento se asignaron $22,272 millones, es decir, el 63.4%, y el Ejecutivo informó que este rubro registra una reducción del 5%. El resto del presupuesto cubrirá otros compromisos del Estado.

La fuente destaca que esta distribución refleja uno de los grandes retos de las finanzas públicas: mantener el funcionamiento de las instituciones, pagar obligaciones recurrentes como salarios, transferencias y servicios, sin dejar de invertir en infraestructura, salud y educación. El presupuesto también prevé una disminución en los recursos para el servicio de la deuda pública del Gobierno central, en línea con los objetivos de consolidación fiscal y los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Durante el debate legislativo se incorporaron modificaciones por $450.8 millones, según recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Los cambios abarcan salud, educación, seguridad, infraestructura, servicios públicos y atención social. Antes de aprobarlos, el Ministerio de Economía y Finanzas evaluó la disponibilidad de recursos, la prioridad de cada gasto y la capacidad de las instituciones para ejecutarlo. El ministro Felipe Chapman sostuvo que los ajustes no aumentan el monto global, sino que redistribuyen fondos hacia necesidades prioritarias.

Entre las entidades beneficiadas están la Asamblea Nacional, con $23 millones adicionales para funcionamiento, y la Universidad Autónoma de Chiriquí, con $10 millones más. En sentido contrario, el Ministerio de Educación tendrá una reducción de $15.4 millones y la Autoridad Nacional de Descentralización dispondrá de $18.2 millones menos. Los ajustes alcanzan a 13 entidades del Gobierno Central y 17 descentralizadas.

El presupuesto también incluye una modificación polémica a las reglas de contratación pública que amplía las excepciones a los procedimientos vigentes en determinadas instituciones y compras. La propuesta, impulsada por diputados durante la discusión, generó cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la transparencia y la competencia entre proveedores. Chapman se distanció de la iniciativa y aseguró que no fue planteada por su despacho. Con la sanción, la ejecución de esos recursos será clave para saber cuánto de lo presupuestado llegará efectivamente a obras y servicios.