Mulino sanciona presupuesto de B/.35,111.75 millones para 2027

El presidente José Raúl Mulino dio su sanción a la ley del presupuesto nacional para el año fiscal 2027, cifrado en B/.35,111.75 millones. El acto se realizó durante un Consejo de Gabinete extraordinario, luego de que la Asamblea Nacional aprobara la norma, según informó la Presidencia de la República.

Del total, B/.12,839.7 millones se destinarán a inversiones públicas, equivalentes al 36.6% del presupuesto. Esa cifra representa un aumento de 12% frente al presupuesto de 2026. En contraste, los gastos de funcionamiento registran una reducción de 5% y alcanzan B/.22,272 millones, es decir, el 63.4% restante.

La ley también proyecta una disminución en el servicio de la deuda pública del Gobierno Central. Además, contempla un déficit fiscal que, de acuerdo con el Ejecutivo, se alinea con los objetivos de consolidación de las finanzas públicas y con los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

La elaboración del presupuesto incorporó recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La Presidencia explicó que esos aportes buscan reforzar proyectos y programas prioritarios para la población. Entre los cambios figuran incrementos en asignaciones de algunas entidades, así como movimientos y redistribuciones que buscan fortalecer su capacidad operativa y atender compromisos institucionales.

El Ministerio de Economía y Finanzas realizó una evaluación técnica, presupuestaria y fiscal de las asignaciones. Para ello revisó la disponibilidad de recursos, las prioridades institucionales y la viabilidad de ejecución de los proyectos. Como resultado, se incorporaron modificaciones por B/.186.83 millones destinadas a salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y atención de necesidades sociales.

Según el Ejecutivo, estos ajustes mejoran la distribución de los recursos disponibles y fortalecen la capacidad de respuesta de las instituciones durante 2027. Con la sanción, el siguiente paso será la ejecución de estos fondos por parte de las entidades del Estado.