Mulino sanciona ley que amplía descuentos para jubilados y adultos mayores
Los nuevos beneficios empezarán a regir seis meses después de su publicación en la Gaceta Oficial.
El presidente José Raúl Mulino sancionó el lunes 2 de noviembre la ley que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá. La norma llega después de varios meses de discusión y de un veto presidencial a una propuesta anterior. Modifica la Ley 6 de 1987 e incorpora beneficios en medicamentos, tratamientos médicos, equipos de asistencia y servicios funerarios.
El cambio más visible está en las medicinas. El descuento pasa del 10% al 20%, pero solo si el beneficiario presenta una receta médica a su nombre. Los medicamentos de venta libre no requieren receta. La propuesta original pedía un 25%. En salud, las consultas de medicina general y de especialidades tendrán una rebaja del 25%, mientras que los procedimientos, terapias, medicamentos e insumos para tratar el cáncer bajarán un 30%. Los exámenes de laboratorio tendrán un 20% de descuento, los servicios radiológicos un 30% y los de optometría y oftalmología un 15%.
La ley también cubre productos de movilidad y cuidado personal. Prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y camas hospitalarias tendrán un 20% de rebaja. Los elementos que mejoran la accesibilidad de la vivienda principal, como rampas, barras de apoyo y adaptaciones básicas de baños, tendrán un 15%. Los ataúdes y servicios funerarios tendrán un 25%, y los pañales desechables para adultos y la tasa de aseo residencial, un 20%. Los comercios deberán mostrar tanto el precio regular como el precio con descuento.
Los beneficios no se aplicarán de inmediato. El texto aprobado establece que la ley entrará en vigor seis meses después de su publicación en la Gaceta Oficial. El proyecto de ley 746 fue aprobado en tercer debate el 30 de octubre con 50 votos a favor. Lo presentó el diputado Javier Sucre el 6 de octubre, luego de reuniones entre representantes de jubilados, empresarios, diputados y autoridades del Ejecutivo. Antes, el 20 de septiembre, Mulino había vetado el proyecto 226, que también buscaba ampliar los descuentos. Uno de los puntos más debatidos fue el impacto económico que podría tener en los comercios, sobre todo en las pequeñas empresas.
Si un establecimiento incumple, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) podrá imponer multas de entre $50 y $5,000. Las sanciones se duplicarán en caso de reincidencia.
Los beneficios podrán usarlos las mujeres a partir de los 55 años y los hombres a partir de los 60 años. También podrán acceder jubilados y pensionados sin importar su edad, siempre que cumplan las condiciones de elegibilidad que establece la ley.
