Navarro dice que la mina de Donoso nunca debió construirse y pide un plan de cierre

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, presentó las conclusiones y recomendaciones de su cartera sobre el futuro de la mina de cobre de Donoso. La exposición se hizo durante la presentación del Informe Final y Recomendaciones de la Comisión Interministerial.

Navarro considera que la mina es un problema heredado por la actual administración. Según expuso, el proyecto nunca debió construirse bajo las condiciones en que se desarrolló, y afirmó que Panamá no estaba preparada en ese momento. Al mismo tiempo, cuestionó a los gobiernos anteriores y dijo que el Ejecutivo actual carga con una situación que no originó.

El ministro sostuvo que la suspensión de operaciones no equivale a un cierre formal. Recordó que el cierre abrupto de 2023 dejó pendiente un proceso de rehabilitación y gestión del sitio, y advirtió que el riesgo ambiental permanece, especialmente para las comunidades cercanas al proyecto.

La auditoría sobre los compromisos adquiridos durante la operación fue otro punto central. De acuerdo con Navarro, se evaluaron 370 compromisos y nueve presentaron algún nivel de incumplimiento, lo que, según sus cifras, equivale a un cumplimiento del 97.5%. Cuatro de los incumplimientos corresponden al área de reforestación. El ministro calificó esas situaciones como inaceptables y pidió al presidente que se establezca un plan de subsanación con metas, plazos y verificación externa.

Entre las recomendaciones de MiAmbiente figura la adopción formal de un Plan de Cierre Ordenado y la creación de un fondo específico que garantice los recursos para ejecutarlo. También propuso un nuevo fideicomiso ambiental con mecanismos de gobernanza y supervisión. Para ese fondo, planteó destinar 100 millones de dólares anuales de los ingresos que el Estado perciba en el futuro por el plan de cierre, de forma permanente y automática.

Otra recomendación es establecer mecanismos permanentes de veeduría y participación ciudadana, con comunidades, especialistas, científicos, ambientalistas y representantes de la sociedad civil. Según la propuesta, estos sectores podrían acompañar y supervisar los aspectos ambientales del cierre y la rehabilitación del sitio.

Navarro also insistió en que la auditoría no legitima lo hecho antes de la actual administración. Añadió que los años de decisiones que, a su juicio, no fueron suficientemente transparentes contribuyeron al deterioro de la confianza institucional.