CAMIPA recomienda reanudar ordenadamente Cobre Panamá con fiscalización independiente
La Cámara Minera pide condiciones verificables, basadas en la auditoría integral, mientras el Gobierno mantiene en análisis el futuro de la mina.
La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) recomendó avanzar hacia una reanudación ordenada de las operaciones de Cobre Panamá, siempre que la solución sea compatible con la Constitución y las leyes vigentes. Según el gremio, el país ya dispone de más información para tomar una decisión sobre el futuro del proyecto.
La organización sostiene que mantener la incertidumbre tiene costos para las comunidades, los trabajadores, los proveedores, la inversión y la gestión ambiental de las instalaciones existentes. Por eso considera que una definición no puede seguir postergándose indefinidamente.
En su planteamiento, cualquier salida debe atender los hallazgos de la auditoría integral, establecer obligaciones exigibles para el operador y garantizar que el Estado tenga los recursos y la independencia necesarios para fiscalizar su cumplimiento. La auditoría fue entregada al Gobierno en junio de 2026 y está publicada por el Ministerio de Ambiente. Su análisis registró un cumplimiento global de 87.73 % para el período 2019 a 2023, aunque también identificó no conformidades y aspectos ambientales que requieren atención.
La Cámara pide que esos resultados sirvan de base para un plan público con medidas correctivas, plazos, indicadores y mecanismos de verificación. Señala que temas como la protección del agua, el manejo de relaves, la estabilidad de las instalaciones, la biodiversidad y la preparación para el cierre requieren vigilancia continua, y propone que los resultados de esa fiscalización sean públicos y se discutan con las comunidades.
El gremio añade que una eventual reapertura debería venir acompañada de un plan verificable para recuperar empleos y generar oportunidades para proveedores panameños, además de compromisos medibles sobre los beneficios para el país y las comunidades. También plantea fortalecer la capacidad técnica de las instituciones fiscalizadoras y crear una Política Minera Nacional con reglas claras y supervisión independiente.
La recomendación, aclara el propio gremio, no equivale a una decisión sobre la reapertura. El Gobierno mantiene en análisis el futuro del proyecto y ha dicho que cualquier determinación deberá respetar la Constitución y la legislación vigente.
CAMIPA expresó su disposición a dialogar con el Gobierno, las comunidades, la academia, los trabajadores y otros sectores sobre el futuro de Cobre Panamá y de la actividad minera en el país.