Gobierno espera luz verde de Mulino para negociar el cierre de la mina

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó que el presidente José Raúl Mulino todavía no ha autorizado el inicio de conversaciones con First Quantum Minerals. El objetivo sería evaluar si existe un acuerdo legalmente viable para cerrar de forma ordenada la mina de cobre en Donoso. Lo dijo durante un encuentro de la Comisión Interministerial con representantes de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecámaras).

Moltó explicó que el Ejecutivo ya analizó recomendaciones sobre el futuro de la operación, pero necesita hablar con la empresa para saber si esas propuestas caben dentro del marco legal. La posibilidad surgió tras una pregunta sobre los fallos de la Corte Suprema de Justicia que declararon inconstitucionales contratos vinculados a la minería. Según el ministro, cualquier decisión deberá respetar los fallos judiciales, las leyes y la Constitución. Añadió que el país será informado de los asuntos tratados, estén o no autorizadas las conversaciones.

Aún no se puede precisar qué parte del yacimiento podría explotarse ni los montos involucrados, porque no existe una negociación con la empresa. Entre los puntos que se buscaría abordar figuran el empleo, la reducción de la afectación ambiental y la obtención de recursos para financiar el cierre.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que el presidente aún no toma una decisión. Una de las recomendaciones plantea una operación limitada que genere los recursos para el cierre y la restauración ambiental, sin recurrir al presupuesto del Estado. El periodo estimado iría de 16 a poco más de 20 años, y dependería del precio del cobre y de los ingresos que se logren generar. Chapman estimó que esta alternativa podría sostener al menos 36,000 puestos de trabajo, directos o indirectos, con un impacto positivo para más de 144,000 personas. Advirtió que asumir el cierre solo con fondos estatales tendría un costo fiscal elevado.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que la empresa tenía 370 compromisos ambientales, de los cuales se había cumplido cerca del 87%. Indicó que las obligaciones pendientes se exigirán sin importar la decisión final, y que el plan de preservación y el estudio de impacto original siguen vigentes. Navarro sostuvo que un cierre ordenado debe contar con financiamiento, supervisión técnica y participación ciudadana, y recordó la propuesta de un fideicomiso ambiental con aportes de 100 millones de dólares anuales.

La presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez, señaló que el sector busca conocer las alternativas y trasladar las inquietudes de sus miembros, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Advirtió que las consecuencias económicas irían más allá de las provincias mineras, por los empleos y negocios que dependían de la actividad en distintas regiones.