CIAM cuestiona el cierre de la mina de Donoso y pide auditoría independiente

El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) cuestionó la viabilidad y las verdaderas intenciones del cierre ordenado de la mina de cobre en Donoso, luego de que varios ministros presentaran sus informes sobre el tema. Según la organización, no existe un plan claro y, en su opinión, lo que se busca es seguir extrayendo mineral a cielo abierto.

Isaías Ramos, biólogo y miembro del CIAM, señaló que el Gobierno usa la palabra cierre para referirse a una operación que continúa. Recordó que el fallo de la Corte Suprema establece que, si se cancela la concesión y entra en vigencia otro instrumento, debe realizarse una licitación pública y un nuevo estudio de impacto ambiental. Añadió que cualquier decisión debe tomar en cuenta los derechos humanos y los de las generaciones futuras.

Para el experto, un plan serio parte de una auditoría ambiental a fondo, que determine el estado de la estructura, los riesgos y los costos reales por fases. Entre las medidas urgentes mencionó el manejo de los relaves y la seguridad química de los depósitos, y advirtió sobre el alto riesgo que representa el azufre en contacto con el agua.

Ramos también puso en evidencia una contradicción en las cifras. La fianza ambiental que tenía la empresa rondaba los 100 millones de dólares, mientras que ahora el Gobierno reconoce que el cierre costará miles de millones. Asimismo, cuestionó la auditoría aprobada por el Ministerio de Ambiente, a la que calificó de parcial, por no contemplar el futuro minero del sitio.

Sobre la idea de que no se necesitaría mucho personal, el biólogo aseguró lo contrario. Explicó que un cierre ordenado exige una cantidad creciente de especialistas para garantizar la seguridad del lugar y el desmantelamiento de la maquinaria, un proceso que, a nivel internacional, puede tomar entre 50 y 70 años.

El CIAM considera un error que sea la propia empresa la que administre su cierre. Por eso pide contratar a una firma internacional e independiente, que tenga una visión externa tanto al Gobierno como a la compañía.

La organización concluye que, si el cierre se prolonga, el Estado estaría permitiendo la continuidad de la minería. Según el CIAM, esa situación violaría la ley de moratoria minera y los fallos de la Corte Suprema de Justicia.