Cedeño demandará acuerdo municipal de aceras y pide suspender su ejecución

El diputado y abogado Ernesto Cedeño advirtió que el anuncio de una revisión del Acuerdo Municipal 316 no suspende su vigencia ni los plazos para hacer las adecuaciones en las aceras. Cuestionó que el Municipio de Panamá mantenga la norma en ejecución mientras analiza posibles modificaciones.

Cedeño indicó que presentará hoy ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contencioso-administrativa de nulidad, en la que pedirá la suspensión inmediata de la ejecución del acuerdo. En su criterio, el Concejo Municipal debió suspender o revocar formalmente la norma y publicar esa decisión en la Gaceta Oficial antes de iniciar cualquier revisión.

Las declaraciones llegan después de que la Alcaldía de Panamá anunciara que revisará el documento. El acuerdo establece adecuaciones para garantizar el libre tránsito por las aceras y contempla multas de hasta $5,000 por incumplimiento.

Cedeño expresó dudas sobre el alcance de esa revisión. Según dijo, las autoridades podrían limitarse a ajustar las sanciones sin tocar las disposiciones que él cuestiona.

Para el diputado, el problema va más allá del monto de las multas. Considera que el acuerdo vulnera el Estado de derecho, la seguridad jurídica, el principio de buena fe y los principios del derecho administrativo, porque obliga a los propietarios a modificar estructuras construidas con autorizaciones municipales previas. Puso como ejemplo barriadas cuyos diseños fueron aprobados por el Municipio hace décadas y cuyos dueños deberían ahora pagar las adecuaciones. A su juicio, esas exigencias equivalen a dejar sin efecto actos administrativos emitidos por las mismas autoridades, y citó el artículo 62 de la Ley 38 de 2000 para sustentar su posición.

Cedeño pidió distinguir entre las obras que contaron con permisos y las ocupaciones ilegales de las servidumbres. Sobre estas últimas sostuvo que ya existen normas vigentes para recuperar los espacios públicos, sin necesidad del nuevo acuerdo. Por ello planteó que las nuevas disposiciones rijan hacia el futuro y que las irregularidades actuales se atiendan con las leyes existentes.

El diputado aclaró que no se opone a ordenar la ciudad. Su reclamo, dijo, es que no se viole el Estado de derecho.