Alcaldía revisará el Acuerdo Municipal 316 sobre aceras tras cuestionamientos
El director de Planificación Urbana confirmó la revisión mientras un diputado anuncia una demanda contra la normativa que regula el libre tránsito peatonal.
La Alcaldía de Panamá anunció que revisará el Acuerdo Municipal 316, una normativa que establece adecuaciones para garantizar el libre tránsito por las aceras y contempla multas de hasta $5,000 para quienes la incumplan. El anuncio llega en medio de cuestionamientos y de una posible demanda contra el documento.
David Tapia, director de Planificación Urbana, confirmó que la revisión responde a instrucciones del alcalde Mayer Mizrachi y servirá para evaluar las objeciones surgidas tras la publicación de la norma. Según el funcionario, el acuerdo se elaboró durante más de un año, con consultas a las comunidades y participación de los gremios. Luego pasó por la Junta de Planificación Municipal, fue aprobado por unanimidad en el Concejo Municipal y se publicó en la Gaceta Oficial No. 30646 C.
El diputado y abogado Ernesto Cedeño anunció que presentará una demanda contencioso-administrativa, pues considera que el acuerdo tiene vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad. Cedeño sostiene que no se puede invadir la servidumbre, pero cuestiona que se exijan cambios en construcciones que ya recibieron autorizaciones y que sus dueños deban asumir nuevas inversiones para adecuarlas. Advirtió que desconocer permisos previos afecta la seguridad jurídica de las inversiones.
Tapia respondió que todo lo aprobado en la parte existente de la línea de propiedad hacia adentro se mantiene. Añadió que la Alcaldía no busca recaudar dinero con la medida. Sobre los comercios que ocupan las aceras, como talleres y lavaautos, defendió que debe existir una sanción para que dejen de usar el espacio público como si fuera privado.
Entre los posibles ajustes, el funcionario mencionó el retiro de dos metros para las portacocheras, que estaba pensado para proyectos nuevos. Indicó que, en el caso de construcciones existentes, como hoteles, probablemente podrán mantenerse en la línea de propiedad. Aclaró además que esa exigencia no aplica a los portones de las viviendas, que pueden mantenerse si abren hacia afuera, siempre que se cierren de inmediato y no obstruyan el paso peatonal.
Los plazos de adecuación son de 60 días calendario, contados desde el 30 de octubre, para corregir irregularidades urgentes como obstáculos, pisos resbaladizos, vados mal nivelados o portones que invadan la acera. Para los accesos vehiculares se fijan seis meses, y para las adecuaciones integrales que garanticen aceras continuas, niveladas y sin escalones, dos años. Tapia explicó que cumplir estos plazos no implica una multa inmediata, pues el procedimiento de la Dirección de Obras y Construcciones incluye citaciones y permite pedir prórrogas.
La normativa fija un ancho óptimo de 1.80 metros para las aceras y admite 1.50 metros para facilitar el paso de personas con discapacidad o que requieren asistencia. Según Tapia, podrían evaluarse excepciones, por ejemplo por la presencia de árboles. También aclaró que no se prohíben todas las baldosas, sino las que carecen de propiedades antideslizantes.
Tapia afirmó que la revisión mantendrá el objetivo de recuperar los espacios públicos y mejorar la movilidad peatonal. "La ciudad tiene una deuda histórica con el peatón", expresó.