Fiscalía tendrá un año más para investigar a dirigentes del Suntracs
El caso gira en torno a 14 fincas en Red Frog, Bocas del Toro, que estarían registradas a nombre del sindicato pese a pertenecer, en teoría, a 412 trabajadores.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada obtuvo un año adicional para investigar a Genaro López, Saúl Méndez y otros dirigentes del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs). Ellos están procesados por la supuesta apropiación de 14 fincas en el proyecto turístico Red Frog, en Isla Bastimentos, Bocas del Toro. La prórroga se concedió en una audiencia celebrada el jueves 12 de noviembre.
El camino para lograrla no fue sencillo. El 14 de mayo, un juzgado se negó a extender el plazo de la investigación, por lo que la fiscalía acudió al Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. El 28 de septiembre, esa instancia concedió a la fiscalía un amparo de garantías constitucionales, lo que dejó sin efecto la negativa del juzgado.
Las fincas suman un área total de 33,712 metros cuadrados. Según la información, fueron entregadas por Pillar Construction, S.A., empresa que luego cambió su nombre a Bastimentos Holding, para compensar a 412 trabajadores que participaron en una huelga. El Ministerio de Trabajo declaró legal esa huelga, que se extendió del 5 de febrero de 2007 al 14 de octubre de 2008.
El 30 de agosto de 2011, el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola condenó a Pillar Construction a pagar $5.8 millones en salarios caídos y casi $1.2 millones adicionales. Un año después, ante la imposibilidad de pagar en efectivo, la empresa alcanzó un acuerdo extrajudicial para saldar la deuda con el traspaso de fincas que, en ese momento, se estimaban en $3 millones. En esa negociación, los 412 trabajadores fueron representados por el Suntracs, aunque algunos de los beneficiarios ni siquiera estaban afiliados al sindicato.
Por esa razón, al concretarse el traspaso, las propiedades quedaron registradas a nombre del Suntracs. Esas mismas fincas, que en teoría pertenecen a los obreros, sirvieron como garantía de un préstamo que el sindicato solicitó a su propia cooperativa, la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, hoy clausurada por las autoridades.
Con la prórroga, la fiscalía dispone de doce meses adicionales para avanzar en una investigación que involucra a dirigentes de uno de los gremios más visibles del país y a un patrimonio que, según el expediente, debía beneficiar a cientos de trabajadores.
