Ley 40 y menores que venden droga: protección que las bandas aprovechan

En Panamá, el adolescente que comete un delito, incluido el microtráfico, no es juzgado con el Código Penal de adultos. Su caso se rige por el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, establecido en la Ley 40 de 1999, una norma pensada para educar y no para castigar. Esa diferencia, según el análisis, es precisamente la que las bandas criminales aprovechan.

La ley tiene un ámbito de aplicación preciso. Solo responden penalmente los adolescentes que tenían entre catorce y dieciocho años al cometer el acto infractor. Los menores de catorce no son responsables penalmente y quedan bajo un régimen de protección. Eso significa que el niño que vigila la esquina de una escuela, lleva la mochila o recibe el dinero, muchas veces no puede ser procesado.

La privación de libertad es, según la norma, una medida excepcional. Un juez solo puede imponerla cuando no sea posible aplicar otra sanción, y debe justificarlo en la sentencia. El catálogo incluye amonestación, programas de asistencia, servicios a la comunidad, reparación de daños y órdenes de orientación y supervisión. El internamiento solo procede en delitos específicos, entre ellos homicidio doloso, violación, secuestro, robo, tráfico de drogas y terrorismo, con una duración máxima de cinco años.

La fuente señala que las expulsiones escolares agravan el problema. Aunque existen gabinetes psicopedagógicos, no siempre ofrecen el tratamiento necesario, y el resultado es que muchos estudiantes son sacados de clases, etiquetados y empujados a la calle. Según el texto, el menor expulsado suele volver a un entorno donde la pandilla ya lo espera.

El SIEC describe cómo operan las pandillas: atraen a niños y jóvenes en situaciones difíciles, los engañan y luego los presionan con amenazas para que no se salgan. Dentro de la estructura, los menores son llamados "creyentes", seguidores que no son miembros plenos, pero que sirven para introducir drogas en colegios y marcar territorio. Se unen, según esa descripción, por pertenencia, fama o protección.

El problema, plantea el artículo, es que la misma ley que protege al menor es la que el adulto que dirige la operación aprovecha. Ese adulto no responde bajo la Ley 40, sino bajo el Código Penal, con penas de prisión que pueden superar los diez años. Para el texto, el adolescente es a la vez victimario y víctima, y mientras el Estado no rompa ese ciclo, seguirá expuesto a la droga, a la violencia o a una condena que llegue antes de los dieciocho años.