Ocho exfuncionarios de Belisario Porras enfrentan arresto domiciliario por peculado

Un juez de garantías imputó cargos por peculado a ocho personas y les impuso arresto domiciliario, una medida que les permite seguir vinculadas al proceso sin ser recluidas en un centro penitenciario. La audiencia comenzó a las 9:00 a. m. de este jueves y estuvo a cargo de la juez Katia Jiménez, quien consideró que esta era la medida más adecuada para los imputados.

Según la fiscal anticorrupción Joana Osorio, entre 2019 y 2024 estas personas formaron parte de un esquema dentro de la Junta Comunal de Belisario Porras. Ese esquema permitió desviar recursos entregados a través del Fondo de Asistencia del Gobierno Central, destinado en ese momento a ayudar a la población afectada por la pandemia de covid-19. El caso forma parte de la llamada Operación Orbis, con aprehensiones en Juan Díaz, Pedregal, San Miguelito y Arraiján. La presunta lesión económica supera los 8 millones de dólares.

La fiscalía explicó que los señalados aparecían en la planilla de la junta comunal, pero en realidad no prestaban ningún servicio o trabajaban en otras instituciones, como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Asamblea Nacional. Algunos funcionarios recibían pagos de $2,000, e incluso dos veces en una misma quincena, situación que despertó las sospechas de la Contraloría.

Una auditoría de la Contraloría General de la República señala que los $8 millones se destinaron por completo al pago de funcionarios de los que no existe registro alguno. Además, la fiscalía sostiene que no hay documentos que respalden esos desembolsos. Según la investigación, unas 240 personas recibieron parte de estos fondos y, hasta la fecha, no existe un solo documento que indique el servicio prestado a la comunidad.

La defensa de los ocho imputados sostiene que ellos no son responsables de la malversación. Argumentan que los mecanismos de control administrativo estaban en manos del representante de corregimiento y del tesorero, y que sus clientes solo cumplían una labor por la que recibían un salario. También señalaron que trabajaron en plena crisis por la pandemia, en una época en que los controles eran más flexibles por las condiciones en que se encontraba la población.

Con esta audiencia, el número de personas imputadas por presunto peculado en perjuicio de la junta comunal subió a 15. El pasado 7 de mayo, la juez Massiel Ruiz imputó cargos a siete exfuncionarios, ordenó la detención provisional de dos de ellos y aplicó reporte periódico al resto.

El caso también recuerda que, en el período 2009-2014, el corregimiento de Belisario Porras se convirtió en la junta comunal que más fondos recibió de la descentralización. Su representante en ese entonces, César Caballero, fue asesinado el 7 de noviembre de 2023.