Lesión patrimonial del Ifarhu supera los $76 millones en 10 investigaciones

El Ministerio Público calcula ahora que el perjuicio económico derivado del manejo de fondos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) llega a $76.2 millones, una cifra muy superior a los $38 millones que se estimaron al inicio. Según las estadísticas de la institución, la lesión patrimonial investigada asciende exactamente a $76 millones 208 mil.

En total, son 10 las investigaciones abiertas por las fiscalías anticorrupción. Siete de ellas se relacionan con los auxilios económicos, ayudas destinadas a financiar estudios. De esas carpetas, tres investigan presunto peculado, tres blanqueo de capitales y una enriquecimiento injustificado. Las otras tres corresponden al manejo del Pase-U, dos por peculado y una por blanqueo de capitales.

El programa de auxilios quedó bajo la lupa tras detectarse asignaciones hechas sin controles suficientes, beneficiarios que no justificaron el uso del dinero y montos que no guardaban relación con el costo de las carreras. La Fiscalía también indaga un presunto esquema de devolución de dinero, conocido como cashback, mediante el cual parte de los recursos habría llegado a cuentas vinculadas al entonces director de la institución.

El número de personas imputadas es de 36, y 35 de ellas enfrentan cargos por peculado. Entre los señalados está el exdirector Bernardo Meneses, quien además responde por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Meneses permanece detenido provisionalmente en La Nueva Joya mientras avanzan las pesquisas. También figuran Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas, a quienes se vincula con la entrega de auxilios a personas de alto poder adquisitivo que no calificaban para el beneficio.

Un informe de actuación financiera de la Dirección de Investigación Judicial señala que Sambrano y Rivera facilitaron contratos con empresas privadas que recibieron fondos del Ifarhu sin que existieran convenios con la entidad. La mayoría de los imputados en el caso de auxilios son estudiantes que no calificaban o que no cumplieron con los estudios para los que recibieron la ayuda.

El caso del Pase-U se abrió en 2022, tras una denuncia del propio Ifarhu y un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social de becas y Pase-U en la sede de Panamá Este. En septiembre pasado, un juez de garantías imputó blanqueo de capitales al exdirector del Ifarhu en esa región, Manuel Lamela, y a la cajera Jennifer Estrada, ambos también imputados por peculado. Por estos hechos, la Fiscalía analiza una lesión patrimonial de $146,279.