Buques desvían rutas hacia el estrecho de Magallanes por sequía en el Canal
El tránsito por el sur del continente subió más de 70% en agosto y septiembre, según estadísticas de pilotaje marítimo. Las navieras buscan esquivar demoras y limitaciones en la vía interoceánica.
Según estadísticas de pilotaje marítimo, el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Magallanes aumentó más de 70% durante agosto y septiembre. El incremento se explica por barcos que deciden rodear el extremo sur del continente para esquivar demoras y limitaciones en la vía interoceánica panameña.
Entre las naves que cambiaron su trayectoria habitual figuran buques de transporte de gas licuado de petróleo, portacontenedores y cargueros de gran volumen. Estos operadores quieren evitar las largas esperas en los accesos al canal y los altos costos de las subastas para obtener un turno de tránsito preferencial.
El origen del problema está en la sequía intensa y en los efectos climáticos sobre los lagos que abastecen el sistema de esclusas. Esa situación obligó a imponer restricciones de calado y a reducir el número de tránsitos diarios, lo que empujó a navieras y operadores a buscar alternativas.
El desvío representa un escenario delicado para la economía y la logística del país. Una menor cantidad de buques no reservados y la salida de embarcaciones de alto calado podrían presionar los ingresos proyectados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). A esto se suma el posible impacto en puertos, suministro de combustible y servicios auxiliares en las entradas del Pacífico y el Caribe.
El texto señala que, de acuerdo con expertos del sector marítimo, que las navieras consideren viable una ruta mucho más larga evidencia la vulnerabilidad hídrica de una vía más rápida y eficiente. Por eso, aumenta la urgencia de concretar proyectos de almacenamiento de agua y garantías de suministro a largo plazo.
La ACP construirá un embalse en Río Indio para asegurar, durante los próximos 50 años, el agua necesaria para operar el canal y para el consumo humano. La obra está prevista para comenzar en 2027 y cuenta con un presupuesto de 82 millones de dólares para avanzar con la licitación y la construcción de la presa.
El proyecto implica la reubicación de unas 550 familias de 38 comunidades. Las autoridades trabajan en una fase de concertación individual con cada una de ellas para alcanzar acuerdos que resulten beneficiosos para ambas partes.
