Cámara de Comercio ve razonable evaluar acuerdo sobre Cobre Panamá con reglas claras

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) considera razonable avanzar en la evaluación y, de ser necesario, en la negociación de un acuerdo sobre Cobre Panamá. La idea es resolver los arbitrajes pendientes y poner en marcha la mina con un cierre ordenado. Aun así, el gremio pidió que se definan las condiciones jurídicas, ambientales y económicas antes de que el país tome una decisión final.

El pronunciamiento lleva la firma de su presidente, Aurelio Barría Pino. En él, la Cciap calificó como un camino equilibrado la recomendación del informe final que la Comisión Interministerial entregó al presidente de la República el 30 de septiembre sobre el sitio minero de Donoso. Según el gremio, la propuesta no implica volver al esquema anterior, pero tampoco ignora lo que significaría mantener el sitio indefinidamente en su estado actual, con efectos ambientales, económicos, sociales y legales.

Barría recordó que la posición de la Cámara se ha mantenido desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, dijo, el sector ha insistido en atender el sitio con responsabilidad técnica y ambiental, en obtener información independiente y en transparencia. También reclamó una decisión que proteja los intereses del país y que no traslade sus costos a los panameños.

La propuesta analizada contempla evaluar un acuerdo para resolver los arbitrajes y permitir una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado, autofinanciado, sin prórrogas y en cumplimiento del fallo de la Corte. La Cámara citó las estimaciones del informe, que calculan que un cierre sin acuerdo costaría entre 2,600 y 3,400 millones de dólares, durante un período de 17 a 19 años. A eso se suman reclamaciones arbitrales por al menos 27,000 millones de dólares, que todavía no han sido reconocidas ni adjudicadas contra Panamá.

Barría advirtió que esas cifras no definen por sí solas el rumbo, pero sí muestran las consecuencias. Si los costos recaen sobre el Estado, los recursos podrían dejar de destinarse a educación, salud, infraestructura y otras prioridades. Entre los temas pendientes, la Cciap mencionó la figura jurídica y su compatibilidad con el fallo y con la Ley 407, el régimen fiscal, la participación del Estado y el alcance de cualquier operación. También pidió precisar la fecha y las garantías del cierre, la terminación de los arbitrajes y los mecanismos de fiscalización ambiental y rendición de cuentas.

El gremio agregó que deben garantizarse oportunidades para las comunidades directamente afectadas, los trabajadores y las empresas panameñas, además de fortalecer las capacidades de los municipios. Para la Cámara, la decisión debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable y económicamente sostenible, y además debe generar confianza en la ciudadanía.