Ambientalistas rechazan plan de cierre de Cobre Panamá por ser un disfraz

Grupos ambientalistas agrupados en el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería rechazaron el miércoles la propuesta de una comisión interministerial del Gobierno para clausurar de forma ordenada y autofinanciada la mina Cobre Panamá. Para los activistas, el plan es una forma encubierta de volver a explotar el yacimiento. La mina, operada por una filial de la canadiense First Quantum Minerals, está cerrada desde 2023, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional por segunda vez su contrato de concesión, tras una ola de protestas callejeras.

El ambientalista Carlos Bichet, del Centro de Incidencia Ambiental, sostuvo que un cierre pagado por la misma operación durante décadas exige seguir extrayendo mineral para generar los recursos. Según él, la propuesta no define cuánto tiempo tomaría ese proceso, que podría prolongarse por años. También afirmó que el Gobierno estaría protegiendo el negocio de una empresa específica y no el ambiente. Añadió que el plan contradice el fallo judicial y la ley de moratoria minera, porque encubre una nueva concesión bajo una figura jurídica que aún no ha sido definida.

El informe que recibió el presidente José Raúl Mulino recomienda un cierre a costo cero para el Estado. Sin embargo, advierte que clausurar la mina sin acuerdo con la empresa costaría unos 3.400 millones de dólares a lo largo de casi dos décadas, además de enfrentar reclamaciones arbitrales internacionales suspendidas que suman 27.000 millones de dólares. Los ambientalistas califican ese argumento de falacia, porque, a su juicio, los verdaderos costos recaerían sobre el agua, los ecosistemas, la salud y los derechos de las comunidades y de las generaciones futuras, con daños que no se pueden medir ni pagar.

La mina representaba una inversión de 10.000 millones de dólares, cerca del 4 % del PIB nacional y unos 7.000 empleos directos. Desde el año pasado se encuentra en fase de preservación, mientras se procesa el mineral que quedó expuesto a la intemperie.

Para llevar a cabo el cierre sin reactivar la extracción, los activistas proponen ejecutar la fianza de abandono de más de 157 millones de dólares, entregada por la empresa al Gobierno en 2024 y vigente hasta 2029. Isaias Ramos, también del CIAM, explicó que un cierre seguro requiere contratar una empresa experta y aprovechar al personal técnico que ya conoce el área. El proceso incluiría monitoreo químico y físico de las aguas para evaluar el drenaje ácido, desmontar puertos y carreteras con responsables asignados, rellenar relaves y tajos con manejo hidrológico y reforestar a corto plazo.

Ramos aclaró que los grupos nunca han planteado que cerrar la mina sea simplemente sellar un sitio, sino un proceso largo y complejo. Subrayó que, desde el inicio, la oposición de estas organizaciones ha sido a la apertura de la mina.