Abogados denuncian estancamiento en cárceles cinco meses después de La Joyita

A cinco meses de la fuga masiva en La Joyita, y tras la renuncia de Chanan Singh como director del Sistema Penitenciario, el Colegio Nacional de Abogados sostiene que el sistema carnario sigue sin respuestas. Según el gremio, unas 10 mil personas viven en condiciones de hacinamiento, y continúan las denuncias por falta de alimentos, desnutrición y descoordinación entre las autoridades penitenciarias y la Policía Nacional.

La presidenta de la organización, Maritza Cedeño, señaló que el gremio ha enviado varias notas al Ministerio de Gobierno para pedir una reunión con la ministra y con el Consejo de Política Penitenciaria, instancia encargada de dar seguimiento a las políticas del sector. Hasta ahora, según dijo, no ha recibido respuesta. Cedeño afirmó que el consejo no se ha reunido en más de dos años, algo que, a su juicio, limita la supervisión de las políticas y la búsqueda de soluciones.

El hacinamiento es uno de los problemas centrales. De acuerdo con las estadísticas que maneja el Colegio, el sistema alberga entre 24 mil y 25 mil personas privadas de libertad, mientras que la capacidad instalada ronda las 15 mil plazas. Cedeño también cuestionó que algunos centros del interior funcionen dentro de dependencias de la Policía Nacional. Explicó que, aunque la normativa limita la intervención policial en los pabellones, la institución no puede retirarse sin que exista una estructura penitenciaria preparada para asumir la custodia.

La dirigente vinculó la renuncia de Singh con problemas de coordinación entre instituciones, en especial por denuncias sobre traslados de reclusos hechos sin aviso al Sistema Penitenciario y por dificultades para ingresar a determinados pabellones. Recordó además que la Ley de Carrera Penitenciaria, aprobada en 2016, contempla disposiciones sobre custodia, clasificación de los detenidos y recursos necesarios para operar el sistema.

En cuanto a la alimentación, Cedeño explicó que, tras la fuga, se eliminó la posibilidad de que los familiares llevaran comida directamente a los detenidos, y que en su lugar se implementó un mecanismo de compras con tarjetas. Según las quejas que ha recibido el gremio, el dinero invertido no siempre se traduce en productos para los reclusos. La abogada cuestionó la falta de una explicación pública sobre quién administra los fondos y cómo se garantiza que los productos lleguen a sus destinatarios. Asimismo, dijo que hay reportes de personas con cuadros de desnutrición y que el gremio planea coordinar con la Defensoría del Pueblo una visita a los centros.

Cedeño insistió en que el primer paso debe ser convocar al Consejo de Política Penitenciaria, integrado por instituciones, representantes de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, para evaluar la situación real de las cárceles, las capacidades institucionales y los recursos disponibles. Concluyó que, cinco meses después de la fuga, no se observan resultados concretos frente a la crisis penitenciaria.