A un mes del terremoto, avanza lenta la reconstrucción de viviendas en Azuero

El Gobierno informó que, a un mes del terremoto del 9 de octubre, unas 200 viviendas están en proceso de demolición, construcción o reconstrucción en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. De ese grupo, entre 20 y 25 ya están terminadas, y sus propietarios han empezado a ingresar de forma controlada mientras se resuelven las conexiones de agua potable y electricidad. El balance lo dio el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, este domingo 8 de noviembre.

El panorama de daños es amplio. Según uno de los últimos registros del Centro de Operaciones de Emergencias, se evaluaron 19,865 viviendas en las provincias afectadas. De ellas, 4,633 presentan daños totales, 11,107 tienen afectaciones moderadas o parciales y 4,125 registran daños menores. En conjunto, 15,740 requieren algún tipo de intervención.

La cifra de casas terminadas aún es reducida frente a las 2,700 soluciones habitacionales que el presidente José Raúl Mulino se comprometió a entregar. Jované explicó que entre 1,300 y 1,400 viviendas ya tienen asignación formal a contratistas, y que el ministerio busca sumar nuevas empresas. La estrategia consiste en repartir unas 50 viviendas por compañía para abrir varios frentes de trabajo a la vez. Además, 71 empresas están en proceso de formalización, y sus contratos pasarán a revisión y refrendo de la Contraloría la próxima semana.

El calendario oficial apunta a marzo de 2027. Para cumplirlo, el ministerio tendría que entregar alrededor de 75 soluciones por semana, un ritmo que el propio ministro reconoció como fuerte y pesado. Jované atribuyó parte de la demora en las contrataciones a los requisitos legales, en especial las fianzas de cumplimiento y la selección de empresas con experiencia en construcción.

Cada compañía tendrá asignada una comunidad y deberá permanecer allí hasta completar sus viviendas. Según el ministro, los contratos también buscan que las empresas empleen a personas de las propias localidades y compren materiales, combustible y servicios en la zona, con el fin de que la reconstrucción genere ingresos para las familias golpeadas.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre quienes recibieron el sello rojo en sus casas, declaradas inhabitables. En Hicaco, distrito de Soná, Veraguas, y en localidades de Los Santos, algunos afectados dicen que no han recibido información sobre cuándo empezarán los trabajos. Jované indicó que pueden revisar el estado de su reporte en la plataforma mibio.go.pa, con un registro asociado a la cédula del propietario. También aclaró que no todas las viviendas serán demolidas, pues se elaboran presupuestos de reparación que definirán cuántas familias recibirán casa nueva y cuántas regresarán a sus hogares tras arreglos.

En paralelo, han surgido propuestas desde otros sectores. La arquitecta Ana Victoria Ottenwalder, de Sensata Studio, plantea viviendas rurales permanentes de dos habitaciones, con materiales locales, a unos $22,000 por unidad. El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, sugiere contenedores acondicionados como viviendas temporales, a cerca de $8,000 cada uno. El Club Activo 20-30, por su parte, recaudó fondos para casas de 43 metros cuadrados, valoradas en $19,000, con prioridad para familias con una persona con discapacidad. Las viviendas que construye el Gobierno tienen un costo promedio de entre $25,000 y $28,000.