Unos 521 exguerrilleros firmantes de la paz han sido asesinados en Colombia

Un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado el miércoles, contabiliza unos 521 exguerrilleros de las FARC que firmaron la paz asesinados en los diez años transcurridos desde el pacto de noviembre de 2016. El documento reconoce que el acuerdo redujo de forma notable la violencia de uno de los conflictos más prolongados del continente, pero advierte que las zonas apartadas sufren hoy la peor ofensiva de los grupos armados.

Según el organismo, encargado de velar por los derechos humanos en el país, los mayores responsables de estos asesinatos son narcotraficantes y rebeldes que se apartaron del acuerdo y ahora se disputan el control de las economías ilícitas. La Defensoría indica que los asesinatos de excombatientes aumentaron 38,5 % el año pasado, en momentos en que Colombia rompe su propio récord mundial de producción de cocaína.

Pese a la persecución, unos 11.000 de los más de 14.100 firmantes siguen cumpliendo lo pactado. El acuerdo permitió que una guerrilla de inspiración comunista entregara sus fusiles a cambio de participación política y de una representación garantizada en el Congreso durante ocho años. También abrió penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas y se comprometan a no volver a la violencia.

El contexto político pesa sobre el reporte. El presidente Abelardo de la Espriella, de orientación derechista y en el cargo desde hace tres meses, descartó cualquier posibilidad de paz con los grupos armados y prometió doblegarlos bajo la consigna de "tumba o cárcel".

La entidad pide no interrumpir los procesos en curso ni debilitar los avances alcanzados. Su titular, Iris Marín, afirmó en una entrevista reciente que nadie quiere parar la guerra en Colombia, y señaló que los grupos armados no han aprovechado las oportunidades de paz y que el Gobierno, por esa misma razón, tampoco detendrá el conflicto.

El informe añade un aumento de 740 % en los desplazamientos forzados entre 2017 y 2025. También destaca rezagos en la reparación a las víctimas y profundas brechas de desigualdad en el país.