Mulino veta reformas al reglamento interno y descuentos a jubilados
El Ejecutivo devolvió sin sancionar el proyecto 594 y objetó en conjunto el proyecto 226 de 2025, mientras diputados reaccionan al veto.
El presidente José Raúl Mulino devolvió a la Asamblea Nacional, sin sancionarlo, el proyecto de Ley 594, que modifica el reglamento interno del Legislativo. El veto es parcial: el Ejecutivo rechazó cuatro disposiciones por inexequibles y otras seis por inconvenientes.
La objeción más extensa recae sobre el artículo 4, que facultaba a los diputados para gestionar y fiscalizar obras como carreteras, puentes y acueductos, con una inversión mínima garantizada en el Presupuesto. Según el Ejecutivo, esa disposición viola la separación de poderes. La exdiputada Ana Matilde Gómez, quien analizó las observaciones, consideró que el veto pone un límite para proteger la correcta administración pública, sobre todo en lo referente a la facultad constitucional del Ejecutivo para proponer el presupuesto.
El artículo 3 permitía justificar ausencias al Pleno por actividades oficiales en el circuito electoral. Fue objetado porque podría abrir la puerta al pago de remuneraciones sin asistencia. El Ejecutivo reconoce que el contacto con las comunidades no es improcedente, pero reclama mecanismos que lo acrediten. Gómez señaló que una de las objeciones busca evitar que una ausencia se tome como asistencia cuando el diputado se encuentra en su circuito.
También se objetó el numeral 4 del artículo 5, que impediría al personal de los despachos de los diputados optar por la Carrera del Servicio Legislativo, por considerar que contradice el sistema de méritos exigido por la Constitución. El diputado Miguel Ángel Campos sostuvo que la reforma representaba un retroceso, pues no respondía a la necesidad de una asamblea más transparente y que rinda cuentas. Por su parte, el diputado Neftalí Zamora respaldó el veto y afirmó que el reglamento aprobado en tercer debate no atiende las necesidades actuales de la población.
En otro frente, el presidente objetó por inexequible e inconveniente, en su conjunto, el proyecto de ley 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. El Ejecutivo planteó que, aunque la iniciativa persigue un objetivo social legítimo, sus disposiciones vulneran la legislación y la Constitución. El diputado Javier Sucre anunció que volverá a presentar la propuesta, con el propósito de reabrir la discusión sobre los descuentos y ofrecer un beneficio adicional a los adultos mayores, ante la situación económica que enfrentan.
