Residencias de clase media en Arraiján y La Chorrera, nuevo escondite del narcotráfico

El crimen organizado encontró en las casas de clase media de Arraiján y La Chorrera un lugar discreto para guardar droga. A diferencia de las bodegas industriales, estas viviendas en urbanizaciones pasan inadvertidas entre familias y controles de acceso, lo que preocupa a las autoridades y a los residentes de estas barriadas.

El caso más claro de esta modalidad es la Operación Nodriza. Según el Ministerio Público, la red ingresaba estupefacientes al país por vía marítima y luego los escondía en residencias del distrito de Arraiján. Desde allí, el cargamento era trasladado en vehículos modificados para sacarlo del territorio nacional hacia Centroamérica y Estados Unidos.

El esquema, según la información disponible, responde a un plan logístico. Los integrantes de las redes alquilan viviendas en urbanizaciones con garita y pagan los cánones en efectivo, lo que les permite evitar verificaciones de crédito por parte de propietarios o inmobiliarias. Ya instalados, adaptan los inmuebles para empacar, acondicionar y distribuir la mercancía, y mueven cargas o personas de noche o de madrugada en vehículos con vidrios oscuros.

Las cifras oficiales muestran la dimensión del problema. En septiembre de 2026, la Policía Nacional allanó un centro logístico en Arraiján y encontró 1,380 kilos de presunta droga. Además, según el SIEC, entre enero y agosto de 2026 se incautaron en Panamá Oeste 8.60 toneladas de cocaína y 7.30 toneladas de marihuana, cifras que, de acuerdo con las autoridades, convierten a la provincia en un punto estratégico de almacenamiento temporal.

Los vecinos reportan vehículos desconocidos e inquilinos herméticos que terminan motivando operativos policiales. Su principal temor es que se produzcan balaceras o disputas entre bandas rivales en zonas familiares. Algunos comités de urbanizaciones privadas piden contratos de alquiler más estrictos, con depósitos formalizados y verificación de antecedentes penales antes de autorizar la entrada de un inquilino.

Las autoridades recomiendan no confrontar a los sospechosos. En cambio, sugieren anotar placas, horarios y características de las personas, y reportar lo observado a la Policía Nacional o a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. También existe la línea de emergencia 104 y la posibilidad de denunciar de forma anónima ante el Ministerio Público.

Las autoridades judiciales advierten que los propietarios tienen responsabilidad legal de verificar a quienes arriendan sus viviendas. Las casas usadas para delitos de drogas pueden ser incautadas, y los implicados enfrentan juicios y penas de prisión de más de 10 años.