Reconstrucción tras el terremoto quedará exenta de aporte de seguridad ocupacional
El Gabinete autorizó a los contratistas de obras afectadas por el sismo a pedir esta exoneración, mientras el Mitradel mantendrá la supervisión de la seguridad de los trabajadores.
El Consejo de Gabinete amplió las medidas para abaratar la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el 9 de octubre. Según la Resolución de Gabinete No. 126, publicada el pasado 30 de octubre en la Gaceta Oficial, las obras de reparación de edificios, viviendas e infraestructuras dañadas podrán quedar exentas del aporte al Fondo de Seguridad Ocupacional, Salud e Higiene en el Trabajo. La resolución lleva fecha del 20 de octubre.
Ese aporte lo pagan normalmente los promotores o contratistas principales de los proyectos de construcción. El fondo sirve para garantizar la independencia y la objetividad de los oficiales de seguridad ocupacional, que vigilan las condiciones de las obras, identifican riesgos y buscan prevenir accidentes. La medida responde a que muchas viviendas ya no son seguras para sus habitantes o quedaron destruidas, por lo que el Gobierno pretende reducir el costo de recuperar las zonas afectadas.
La Ley 67 de 2015 exige designar uno o varios oficiales de seguridad ocupacional en proyectos de construcción con una inversión superior al millón de dólares, según las características de cada obra y los riesgos de su ejecución. Con la nueva resolución, quienes reconstruyan infraestructuras dañadas directamente por el sismo podrán solicitar la exoneración de ese aporte.
La exoneración no elimina la obligación de mantener condiciones seguras. La resolución establece que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) deberá asignar los oficiales de seguridad ocupacional necesarios para prevenir cualquier accidente laboral durante los trabajos de reconstrucción. Además, incorpora al Mitradel entre las instituciones encargadas de tramitar estos beneficios.
La medida se suma a la exoneración de tasas y contribuciones aprobada el 13 de octubre, cuatro días después del terremoto. Mediante la Resolución de Gabinete n.º 109, publicada el 19 de octubre, se instruyó al Cuerpo de Bomberos, al Idaan y a los ministerios de Ambiente y Salud, entre otras instituciones públicas, a tramitar la exoneración de los pagos por servicios y procedimientos administrativos vinculados a las obras. Ambas resoluciones forman parte de las medidas adoptadas tras la declaratoria del estado de emergencia del 10 de octubre.
El movimiento telúrico dejó unos 13,000 damnificados, además de daños en viviendas, carreteras e infraestructuras, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas.
