¿Quién protege al docente en la escuela panameña?

Panamá ha avanzado en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, un logro que nadie cuestiona en el sistema educativo. Sin embargo, un artículo de opinión publicado recientemente plantea una pregunta que preocupa a muchos docentes: quién los protege a ellos.

El texto señala que, en las últimas semanas, varios casos de presunta violencia psicológica atribuidos a maestros contra estudiantes han ocupado espacios en medios y redes sociales. El autor aclara que corresponde a las autoridades decidir en cada caso particular, y que el debate busca distinguir entre una conducta reprochable y el ejercicio legítimo de la función pedagógica.

Según el escrito, muchos educadores temen que cualquier llamado de atención, observación disciplinaria o exigencia académica sea visto como agresión, lo que genera incertidumbre e inhibición en el aula. A esto se suman agresiones verbales, amenazas y confrontaciones de algunos padres contra maestros y directivos, situaciones que antes se resolvían mediante el diálogo institucional y que hoy suelen terminar en denuncias públicas.

El planteamiento sostiene que la educación es una responsabilidad compartida entre familias y escuela, y que la mayoría de los docentes ejerce su labor con vocación, mientras enfrenta problemas familiares de sus alumnos, situaciones de violencia y limitaciones de recursos. El autor insiste en que no se trata de dar impunidad a nadie, sino de garantizar reglas claras y procedimientos justos para todos.

Entre las propuestas, el artículo menciona fortalecer la mediación escolar, promover una mayor participación de las familias, capacitar a los educadores en aspectos jurídicos de su función y establecer protocolos que permitan diferenciar una actuación pedagógica legítima de una conducta que constituya violencia psicológica. El texto no detalla cómo se implementarían estas medidas ni qué instancias las llevarían adelante.