Proponen que la corrupción no prescriba si Panamá debate una nueva Constitución
Un planteamiento publicado en un espacio de opinión cuestiona el trato desigual en la justicia y pide que el paso del tiempo no impida juzgar estos delitos.
Un artículo de opinión pone sobre la mesa una propuesta concreta para el eventual debate de una nueva Carta Magna en Panamá: que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. El autor plantea que la discusión defina con precisión a cuáles delitos se aplicaría esa regla.
El texto parte de una crítica al trato que reciben quienes enfrentan procesos judiciales en el país. Según el planteamiento, mientras personas de barrios populares cumplen condenas en condiciones muy precarias, algunos investigados por supuestos desfalcos millonarios al Estado llevan su proceso desde la casa. Esa diferencia, sostiene, alimenta la idea de que el apellido y la posición social pesan ante la ley.
Sobre el arresto domiciliario, el escrito recuerda que se trata de una medida cautelar, pero advierte que cumplirla en una residencia cómoda deja ver una brecha material que la gente nota. Por ello pide que los jueces expliquen las razones de cada medida y que su aplicación pueda ser fiscalizada.
El autor se apoya en el artículo 19 de la Constitución, que prohíbe los fueros, los privilegios y la discriminación por motivos como la clase social, el nacimiento o la raza. A su juicio, ese principio debe verse tanto en la tramitación de los procesos como en la ejecución de las condenas. Reconoce el derecho de quien tenga recursos a sostener una defensa larga, pero señala que el Estado debe resolver los casos con diligencia y en plazos razonables.
El planteamiento también pide revisar los beneficios que reciben quienes colaboran con las investigaciones. Si un funcionario entrega información o devuelve parte del dinero, según el texto, las autoridades deberían detallar qué aportó esa colaboración, cuánto se recuperó y qué beneficio se otorgó a cambio.
La propuesta de imprescriptibilidad, de acuerdo con el autor, tendría que ir de la mano de investigaciones ágiles y juicios a tiempo. Su argumento es que, si un investigado sale del país o el proceso se alarga, el reloj no debería impedir que un tribunal revise las pruebas y determine si hubo responsabilidad.
