Proponen fondo de emergencia para reconstruir Panamá con empresas locales tras el terremoto

Una propuesta busca reparar viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura afectados por el terremoto con la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas. El planteamiento cuenta con el respaldo de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac). La idea central es aprovechar la emergencia para movilizar la capacidad productiva del país, generar empleo y atender las necesidades de las comunidades golpeadas.

La base de la propuesta es la declaratoria de emergencia y los recursos de hasta B/.100 millones que el Gobierno anunció para atender los daños. Según el texto, la Resolución de Gabinete n.º 108 contempla contrataciones especiales de emergencia que podrían extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026.

El plan apunta a crear un mecanismo de ejecución inmediata, con recursos identificados, proyectos priorizados y participación de empresas panameñas. En lugar de concentrar las obras en unos pocos contratistas, propone repartir los trabajos por provincia, distrito y comunidad, según las necesidades que se detecten. Entre las prioridades figuran las viviendas inhabitables, las escuelas cuyas condiciones impiden el regreso seguro de los estudiantes, las instalaciones de salud afectadas y las vías indispensables para las comunidades.

Según la propuesta, la Capac podría ayudar a organizar la participación del sector, identificar empresas disponibles y facilitar la coordinación técnica. También se plantea una mesa de trabajo con el Gobierno, la Capac, los municipios y las organizaciones empresariales de las provincias afectadas. Los autores sostienen que repartir el trabajo entre firmas locales permitiría dinamizar la actividad económica en las zonas dañadas.

El cronograma propuesto contempla tres etapas. En las primeras 72 horas se levantaría un inventario preliminar de daños y se fijarían prioridades de seguridad. En la primera semana se clasificarían las obras, se estimarían sus costos y se registrarían las empresas interesadas. En el primer mes comenzarían las reparaciones más urgentes, mediante contratos con alcance, presupuesto, plazo y responsables definidos.

Para el seguimiento, la propuesta plantea publicar los contratos, sus beneficiarios finales, los avances físicos y los pagos realizados, con fiscalización de la Contraloría. El documento también subraya que la agilidad no puede dejar de lado los controles, por lo que el procedimiento de emergencia debería cumplir los requisitos de contratación, justificación de precios, registro y fiscalización que sean aplicables.