Proponen ampliar excepciones de contratación pública en el Presupuesto 2027

En plena discusión del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, la Asamblea Nacional recibió una propuesta que no forma parte de la ley de presupuesto en sí, sino del Proyecto de Ley 644. La iniciativa busca regular las excepciones previstas en la Ley de Contrataciones Públicas, específicamente en el artículo 370, que se refiere a las empresas e instituciones que prestan servicios públicos.

El documento fue firmado de madrugada del jueves 29 de octubre por los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho, entre otros. Según el texto, esas entidades quedarían exceptuadas de aplicar la ley vigente para comprar servicios técnicos, repuestos y equipos cuando se presenten situaciones fortuitas, de urgencia o circunstancias justificadas de interés público que exijan atención prioritaria. La condición principal es que el monto de cada contratación sea inferior a un millón de balboas (B/.1,000,000.00), un límite que no se acumula por proveedor o tipo de servicio, y que no se fragmente la compra para evitar el control.

Hasta ahora, esta dispensa beneficiaba sobre todo a un grupo de empresas estatales, entre ellas el Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la Autoridad de Aseo y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Ese grupo operaba con un tope anterior de 500 dólares.

Con el cambio propuesto, también se incluirían instituciones del Estado como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Gobierno, siempre que sus acciones estén relacionadas con asuntos de interés general y derechos de la población. La propuesta además obliga a cada entidad a elaborar una lista de los servicios que necesita y a adoptar un reglamento especial de contratación. Ese reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.

La presentación del texto de madrugada generó reacciones en distintos sectores políticos. El exdiputado Juan Diego Vásquez cuestionó, a través de la red social X, que se permita a las instituciones públicas evitar los procedimientos ordinarios de compra hasta por un millón de balboas. Advirtió que esto puede debilitar la fiscalización de los fondos estatales en situaciones de urgencia.

Por ahora, la propuesta sigue en la Asamblea Nacional como parte del debate del presupuesto de 2027, por lo que todavía puede sufrir modificaciones antes de una eventual aprobación.