Sacerdote exiliado pide desde Panamá romper el silencio sobre persecución religiosa en Nicaragua

En Ciudad de Panamá, Rafael Aragón, fraile español nacionalizado nicaragüense que vive exiliado desde 2022, denunció presuntos actos de persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua. Llegó al país para participar en las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, según explicó, su objetivo es dar a conocer las restricciones que enfrentan sacerdotes, obispos y otros representantes religiosos en ese país.

El sacerdote sostuvo que la Iglesia tiene limitaciones para pronunciarse sobre violaciones de derechos humanos. Cuestionó que el gobierno permita determinadas procesiones mientras mantiene restricciones a otras manifestaciones religiosas en espacios públicos. Según afirmó, los sacerdotes pueden celebrar misas, pero enfrentan límites para realizar actividades religiosas en las calles. Explicó que las procesiones forman parte de la religiosidad popular latinoamericana y que su control busca reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad.

Aragón relató que dejó Nicaragua en 2022, después de denunciar, desde una emisora de radio en Chinandega, los ataques contra manifestantes que exigían libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. Según su testimonio, siete personas murieron durante esas manifestaciones. Afirmó que conocía a quien había disparado y que decidió denunciarlo públicamente. Dijo que tuvo que esconderse durante un mes y luego salir del país. Al intentar regresar, le comunicaron que no podía volver a ingresar.

Para el religioso, la persecución busca, entre otros objetivos, limitar el liderazgo religioso y evitar que sus representantes se pronuncien sobre la situación política y social. Consideró que la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas, la libertad religiosa, la democracia y el Estado de derecho generan tensiones con el gobierno nicaragüense.

Aragón hizo un llamado a los gobiernos latinoamericanos, en especial al de Panamá, para romper el círculo del silencio y adoptar medidas que vayan más allá de los pronunciamientos públicos. Entre ellas mencionó la posibilidad de suspender las relaciones diplomáticas y económicas con Nicaragua. Argumentó que los indicadores macroeconómicos pueden mostrar estabilidad, mientras la población enfrenta dificultades económicas.

También pidió a la Iglesia católica internacional que se pronuncie sobre la situación y promueva acciones coordinadas para denunciar la persecución. Indicó que, junto con otros representantes, viajó a Roma para solicitar al papa una posición más firme en solidaridad con Nicaragua.