Piden analizar la imprescriptibilidad de la corrupción y el trato desigual en la justicia

Un texto de opinión publicado en Panamá sostiene que el trato que recibe una persona procesada por la justicia influye en la percepción de igualdad ante la ley. Según el autor, mientras personas de barrios populares cumplen condenas en condiciones muy precarias, algunos investigados por presuntos desfalcos millonarios al Estado enfrentan su proceso desde sus residencias.

El argumento central es que la justicia pierde credibilidad cuando avanza con rapidez en unos casos y deja otros abiertos durante años sin resolución. Para el autor, esa diferencia merece revisión, sobre todo cuando lo que está en discusión es dinero público.

Sobre el arresto domiciliario, el texto recuerda que se trata de una medida cautelar, no de una condena. Aun así, cumplirla en una vivienda con comodidades genera una diferencia que la ciudadanía nota. Por eso, según el escrito, los jueces deberían explicar las razones que justifican esta medida en cada caso y permitir que su aplicación sea fiscalizada.

El artículo 19 de la Constitución panameña prohíbe fueros, privilegios y discriminación por causas como la clase social o las ideas políticas. El autor considera que ese principio debe verse reflejado en la tramitación de los procesos y en la ejecución de las penas. También señala que quien tiene recursos para sostener una defensa prolongada puede ejercerla, pero que al Estado le corresponde resolver los casos con diligencia y dentro de plazos razonables.

El texto también pide escrutinio sobre los beneficios que se otorgan a quienes colaboran con una investigación. Si un funcionario aporta información o devuelve parte del dinero, las autoridades deberían explicar qué aportó esa colaboración, cuánto se recuperó y qué beneficio se concedió.

En cuanto a una eventual reforma constitucional, el autor plantea que, si el país abre el debate sobre una nueva Constitución, uno de los temas debe ser cómo evitar que el paso del tiempo impida juzgar delitos de corrupción. Propone que la imprescriptibilidad de estos delitos se incluya en la nueva Carta Magna y que se precise a cuáles delitos aplicaría. Advierte, además, que cualquier cambio debe ir acompañado de investigaciones diligentes y juicios oportunos.