Perú da luz verde ambiental al nuevo puerto de San Juan de Marcona
La certificación permite avanzar con un terminal en el sur peruano que supera los 400 millones de dólares de inversión y que estuvo frenado por un problema con el terreno.
El nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, en el sur de Perú, superó un paso clave. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó sus instrumentos de gestión ambiental, según anunció el jueves la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).
El visto bueno incluye la certificación del estudio de impacto ambiental detallado y la conformidad de tres informes técnicos sustentatorios. De acuerdo con Proinversión, esto muestra que el proyecto avanzó en lo técnico y mejoró su ingeniería. Además, quedaron definidas las acciones para prevenir, controlar y mitigar posibles daños en el mar y en tierra.
La obra venía de un tropiezo. El contrato de concesión con San Juan Port, empresa del grupo chino Jinzhao, se firmó el 31 de marzo, pero se suspendió el 16 de abril porque no era posible entregarle el área donde se levantará el puerto.
El nudo empezó a desatarse el 24 de septiembre, cuando la minera china Shougang Hierro Perú firmó un convenio con Proinversión para facilitar la entrega del terreno. La compañía se comprometió a no hacer valer ni oponer los derechos de sus concesiones mineras dentro de la zona del proyecto, lo que reactivó una inversión estimada en 404.8 millones de dólares.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, calificó ese acuerdo como decisivo. Según las autoridades, el terminal beneficiará a 29 provincias y 280 distritos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Cusco.
El puerto contará con dos muelles, tres amarraderos y equipos especializados para mover carga a granel, carga general y contenedores. También servirá como salida para proyectos mineros del sur del país y se espera que genere empleo tanto en la construcción como en la operación.
Como parte del compromiso, el proyecto destinará un fondo social equivalente al 3% de sus ingresos brutos a actividades en el distrito de Marcona y la provincia de Nazca, en la región Ica, donde se construirá la terminal.
