Panamá: SIP advierte presiones, amenazas y leyes que restringen la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó en Bogotá, Colombia, un informe sobre Panamá que describe serias amenazas al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el país. Según el documento, aprobado durante la asamblea general del organismo, los periodistas enfrentan dificultades para acceder a fuentes oficiales, una distribución desigual de la publicidad estatal, iniciativas legislativas restrictivas y procesos judiciales que siguen abiertos.

Uno de los episodios que recoge el informe es la reacción de la Embajada de Rusia en Panamá ante una investigación periodística sobre un panameño que se incorporó a las fuerzas rusas en el conflicto con Ucrania. La representación diplomática calificó la publicación de propaganda occidental y de un conjunto de mentiras. Después, el embajador Konstantin Gavrilov cuestionó los estándares del medio y habló de fantasías, absurdidades y medias verdades. El informe reconoce el derecho de las instituciones a responder a las informaciones, pero sostiene que esas respuestas deben respetar la independencia editorial.

El documento también menciona que medios con líneas editoriales críticas denunciaron bloqueos para acceder a fuentes de alto rango, así como instrucciones a funcionarios para no atender a sus periodistas. A esto se suma la queja de diarios de alta circulación, que acusan al gobierno central de discriminar en la asignación de la pauta oficial, con la mayor parte de esos recursos destinada a medios cercanos a su gestión.

En el terreno legal, el informe advierte sobre tres proyectos. El primero es una reforma al Código Electoral, en su artículo 539, que sanciona con prisión la llamada manipulación masiva en medios digitales, un concepto que la SIP considera ambiguo. El segundo es un proyecto sobre el derecho de réplica que, según el documento, convertiría en delito penal lo que hoy se resuelve con autorregulación ética. El tercero es un anteproyecto, identificado como Ley 51, que busca modificar el Código Penal sobre contenidos falsos creados con inteligencia artificial, conocidos como deepfakes, y que podría usarse para limitar la fiscalización pública.

El informe también señala que sigue vigente la figura que permite ordenar el secuestro de activos de medios y periodistas en demandas civiles por calumnia e injuria, incluso antes de la etapa probatoria. En ese contexto, recuerda que un grupo editorial enfrenta 12 procesos civiles y penales que suman reclamos por unos $12.5 millones. Además, se denunció que publicaciones de un diario en Instagram fueron reportadas por supuestas infracciones de derechos de autor, un mecanismo que, según el documento, limita la circulación de contenidos periodísticos.

Las amenazas y el espionaje forman parte de las denuncias. El informe documenta el uso de agentes encubiertos de la Policía Nacional para perfilar y recopilar inteligencia dentro de organizaciones sociales, algo que, según la SIP, inhibe a periodistas y a sus fuentes. También relata que la periodista Flor Mizrachi recibió amenazas de agresión física de la exdiputada Katleen Levy durante la transmisión de un pódcast.

La asamblea general de la SIP reúne a más de 70 periodistas, directivos de medios y especialistas de América y España, y concluye este domingo en Bogotá.