La SIP alerta por acoso judicial, censura y violencia en las Américas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sostiene que la libertad de prensa en el continente atraviesa un deterioro institucional. Según su informe, correspondiente al período de abril a octubre de 2026, aumentan las presiones políticas, el acoso judicial, las demandas millonarias, la censura y la violencia contra periodistas. El documento fue presentado por la Comisión de Libertad de Prensa durante la 82ª Asamblea General, realizada en Bogotá, Colombia.

Marta Ramos, presidenta de esa comisión, explicó que estas amenazas no son hechos aislados. Describió un entorno en el que investigar al poder puede significar enfrentar una demanda de gran cuantía, campañas de desprestigio, la pérdida del empleo, una detención arbitraria o, en los casos más graves, la muerte. El informe identifica una combinación de violencia física con mecanismos de censura política, judicial, económica y digital.

Uno de los puntos centrales es la estigmatización desde el poder. En Argentina, el informe documenta ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios. También alerta sobre iniciativas legislativas en otros países que buscan sancionar la supuesta desinformación o castigar la publicación de contenidos de interés público.

Los tribunales también se usan como herramienta de presión. En Panamá, el informe señala que un grupo de medios enfrenta 12 demandas por un monto acumulado de 12.5 millones de dólares, promovidas por figuras políticas. En Brasil se registran 183 procesos judiciales contra la prensa en el estado de Alagoas, y en Perú periodistas enfrentan demandas millonarias impulsadas por sectores empresariales y políticos. La SIP advierte sobre los litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPP, que pueden desgastar a los medios y desalentar investigaciones aunque no terminen en sentencia.

El exilio forzado es otra preocupación. En Nicaragua, más de 300 periodistas trabajan desde el exilio. En El Salvador, más de 40 comunicadores han debido salir del país, y en Ecuador el crimen organizado provocó la salida de una docena de reporteros. Irse no siempre elimina el riesgo, pues los desplazados enfrentan dificultades económicas, incertidumbre migratoria y secuelas psicológicas, mientras las comunidades pierden profesionales que documentaban abusos.

En Estados Unidos, el informe dedica especial atención a medidas que afectan el acceso a las autoridades y la protección de las fuentes. Menciona la exclusión de CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca por parte del presidente Donald Trump en septiembre de 2026, y citaciones judiciales a periodistas de The Washington Post, The New York Times y un reportero independiente para identificar fuentes confidenciales. También registra una investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones contra el programa The View y restricciones a la duración de las visas para periodistas extranjeros.

En cuanto a la violencia física, el informe documenta asesinatos de comunicadores en México, Colombia, Perú y Haití, además de secuestros y agresiones en este último país. La SIP añade que la impunidad sigue siendo elevada. Entre sus recomendaciones figuran investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, crear mecanismos contra demandas abusivas, derogar normas que criminalizan la labor informativa, distribuir la publicidad oficial de forma transparente y proteger la confidencialidad de las fuentes.