Obras sin terminar, medicinas vencidas y agua escasa encienden alerta en Panamá
Un análisis reúne tres casos de inversión pública que no llegan a la población. Plantea revisar la planificación, la supervisión y los resultados del gasto estatal.
La inversión pública no siempre se mide por lo que se ejecuta, sino por los servicios que realmente llegan a la población. Un texto de opinión reciente reúne tres situaciones que ilustran esa brecha: una obra casi terminada que no presta servicio, medicamentos vencidos en un depósito y familias que, tras comprar su vivienda, no reciben agua potable suficiente.
En septiembre de 2026 se dio a conocer la existencia de 142 proyectos abandonados que registraban avances superiores al 80 %. Entre ellos figuran hospitales, centros de salud y escuelas que todavía no cumplen el propósito para el que fueron concebidos. Según el planteamiento, recuperar esas inversiones exige conocer por qué se paralizaron, determinar responsabilidades cuando corresponda y evitar que nuevas obras corran la misma suerte.
En el caso de la Caja de Seguro Social, auditorías institucionales identificaron medicamentos e insumos médicos vencidos en depósitos de la entidad. El Ministerio Público investigó posteriormente el hallazgo. El texto sostiene que, además de esclarecer responsabilidades, hace falta revisar cómo se programan las compras, cómo rotan los inventarios y cómo se distribuyen los productos, porque un medicamento solo cumple su función cuando llega a tiempo y en buenas condiciones al paciente.
El agua potable también aparece como una prioridad. Es indispensable para la vida, la higiene y la prevención de enfermedades. Garantizar su suministro implica proteger las fuentes, mantener las instalaciones, vigilar la calidad y anticipar el crecimiento de las comunidades, sobre todo al autorizar nuevas urbanizaciones. Según el análisis, hay familias que destinan años de ingresos a una vivienda y luego enfrentan dificultades para recibir agua de forma continua.
El texto también examina la alimentación escolar. La Ley 35 del 6 de julio de 1995 estableció la distribución de leche, cremas enriquecidas y galletas nutricionales. En 2026 se informaron procesos de contratación con precios de referencia cercanos a 29.6 millones de balboas para estos productos. El Ministerio de Educación desarrolla además almuerzos escolares. Para el análisis, conviene evaluar la composición de los alimentos, su aceptación entre los estudiantes y su adecuación a niños con diabetes, enfermedad celíaca o alergias, así como estudiar alternativas de envasado y producción que podrían ampliar las opciones.
Los casos tienen causas distintas, pero el planteamiento coincide en un punto: planificar no consiste solo en conseguir recursos o adjudicar contratos, sino también en supervisar la ejecución y comprobar que los resultados beneficien a la población. Los presupuestos pueden reformularse y las obras pueden concluirse, pero algunos efectos, como una enfermedad que no se previno o años clave del crecimiento de un niño, no siempre tienen remedio.
