Mulino defiende sus decisiones mientras crecen dudas sobre contratos y gastos públicos

El presidente José Raúl Mulino afirmó en San Miguelito que él adquirió todas las carpas disponibles en la capital. La declaración generó preguntas sobre si el pago salió de su patrimonio personal o de los fondos de la Presidencia, que se nutren de impuestos. En la misma línea, aseguró que no detendrá el país, mientras la emergencia nacional continúa.

Desde Chiriquí, el mandatario cuestionó a quienes, según dijo, critican sin aportar ayuda, y pidió que le llevaran contenedores con donativos. Sus palabras se conocieron en un contexto de llamados de la ciudadanía para colaborar con los damnificados del sismo.

En cuanto a la estructura del Estado, Mulino señaló que no tiene vicepresidente y dijo que ese cargo sirve para conspirar. El puesto está vacante, pero aparece con $145,936 presupuestados para el próximo año. Mulino fue candidato a vicepresidente junto a Ricardo Martinelli, antes de que este fuera condenado e inhabilitado. La Constitución establece las funciones de la vicepresidencia.

El mandatario también impulsa el tren a Chiriquí, una idea que asegura es suya. Hasta ahora se han invertido $11.8 millones en estudios, y todavía no se ha confirmado su viabilidad financiera.

Otro tema es el nuevo hospital oncológico de Bugaba, que llevará el nombre de su padre. Mulino dijo que la iniciativa no fue suya, pero no ha explicado por qué se escogió ese nombre. Ante las críticas, calificó algunas como morbo.

El jueves, en la carretera a Santiago, un grupo de ciudadanos sostenía pacíficamente un cartel con la frase "Te tengo un bochinche". Según relataron, la Policía les pidió retirarse por órdenes superiores, alegando alteración del orden público. Mulino se dirigía a Veraguas en ese momento. No se ha precisado quién dio esa orden.

En paralelo, el Instituto de Mercadeo Agropecuario compra más de $300 mil en quesos a una asociación de la que forma parte una empresa del director Nilo Murillo, y no se descarta un conflicto de interés. Tres días después del terremoto, el Ministerio de Salud prorrogó el contrato con Hombres de Blanco, que había vencido sin refrendo de la Contraloría, y elevó su monto a $24.1 millones. Además, Roxana Méndez dejó la Autoridad Nacional de Descentralización en medio de versiones sobre irregularidades o diferencias con el contralor, en una institución clave para la respuesta al sismo.