Abogado advierte que la propuesta minera sería una explotación de décadas

Carlos Bichet, abogado y profesor de Derecho Público de la Universidad de Panamá, además asesor legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), cuestionó la propuesta de una comisión interministerial para cerrar la mina. Según él, no se trata de un cierre ni de un esquema autofinanciable. Para Bichet, el planteamiento volvería a dar forma a una concesión minera, pese a que existe un fallo de inconstitucionalidad y una ley de moratoria.

El abogado señaló que el informe de 35 páginas habla de tajos en plural. El proyecto, tal como aparecía en el estudio de impacto ambiental presentado en 2011, contemplaba tres tajos, con la posibilidad de llegar a seis. En su criterio, lo que el gobierno presenta como cierre es una explotación que se extendería por décadas, y solo después se iniciaría un plan de cierre derivado de esa misma actividad.

En cuanto al financiamiento, Bichet sostuvo que el análisis deja por fuera costos ecosistémicos y los efectos sobre la salud, el derecho a la vida y el derecho a un ambiente sano de niños, adolescentes y futuras generaciones. Recordó que el fallo de 2023 de la Corte Suprema abre una discusión distinta, porque aborda violaciones a la vida, la salud, el agua y los derechos de la niñez y de las futuras generaciones, aspectos que, según él, no están incluidos en los costos mencionados por el ministro Chapman.

Sobre el argumento de los ingresos que dejaría de percibir el país, Bichet indicó que una vez establecido un estándar de protección no puede retrocederse. Mencionó que el presidente Mulino vetó la ley de corales por considerarla una regresión ambiental. También recordó que la resolución de la Corte ordenaba al gobierno preparar un plan de sustitución económica para compensar el peso de la minería en el PIB, algo que, a su juicio, no se ha cumplido. Añadió que la garantía para el cierre pasó de más de $128 millones en 2011 a $157 millones, aprobada por el Miambiente en 2024 y vigente hasta 2029.

Respecto a la auditoría de SGS que presenta el gobierno como prueba de cumplimiento, Bichet explicó que los términos de referencia no exigían estudios en sitio ni nuevos análisis de laboratorio, sino usar los datos suministrados por la empresa minera. Según su lectura, alrededor del 40% de los compromisos auditados se marcaron como conformes sin que la evidencia en los anexos respaldara directamente esa conclusión. Finalmente, expuso que las cuentas del Ciam y de Adopta Bosque están bajo secuestro por demandas que considera represalias judiciales, o SLAPP, vinculadas a su oposición al estudio de impacto ambiental de Puerto Barú.