La Asamblea aprueba en tercer debate el presupuesto de 2027 entre críticas

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027. La votación fue de 49 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención. La iniciativa asciende a $35,111.7 millones y ahora debe pasar al Ejecutivo para su sanción.

La sesión comenzó después de las 12 del mediodía del viernes 30 de octubre. El proyecto fue sustentado por el ministro de Economía, Felipe Chapman, y la aprobación se dio un día antes del 31 de octubre, fecha en que concluyen las sesiones ordinarias.

Las posiciones en contra se concentraron en varios reclamos. La diputada Grace Hernández, de la bancada Seguimos, cuestionó que el presupuesto imponga austeridad a la población mientras algunos ministros gastan de manera excesiva. Su compañero Ernesto Cedeño sostuvo que el texto es inconstitucional, porque no asigna los fondos que la ley exige para el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Por su parte, Walkiria Chandler, de Vamos, señaló que áreas como agua, salud y protección social reciben menos recursos.

En el lado de los defensores, diputados del oficialismo y de otras bancadas respaldaron la cifra. Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático, lo presentó como un avance en infraestructura vial, y Osman Gómez, del partido Alianza, enumeró las obras previstas para su circuito en Chiriquí. Javier Sucre y Benicio Robinson, del PRD, indicaron que ningún presupuesto cubre por completo las necesidades de la población.

El monto del presupuesto de 2027 se divide en $22,272 millones para funcionamiento, equivalentes al 63.4%, y $12,839.7 millones para inversión, equivalentes al 36.6%. Según los informes del Ministerio de Economía y Finanzas, la cifra es similar a la del presupuesto inicial de 2026, que fue de $34,900.8 millones. Sin embargo, el presupuesto vigente de 2026 ya había subido a $38,915.4 millones al 30 de septiembre, por traslados de partida y créditos adicionales, lo que representa $4,014.6 millones más que lo aprobado al inicio.

El cambio más polémico se aprobó en segundo debate. Una propuesta de reforma al artículo 370, presentada por Robinson, Manuel Cohen y Luis Eduardo Camacho, amplía la lista de entidades que pueden contratar hasta $1 millón sin aplicar la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas. La lista incluye, entre otras, a los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno, para adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos en casos fortuitos, de urgencia o de interés público.

La diputada Janine Prado, de Vamos, calificó el cambio como muy grave y advirtió sobre la posibilidad de irregularidades en esas compras. Robinson y Raúl Pineda, del PRD, defendieron el artículo en el pleno. Con la sanción pendiente del Ejecutivo, el debate sobre ese cambio y sobre la distribución de los fondos continúa.