Kast admite error al rebajar penas a 56 condenados por abusos a menores

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció este lunes que su gobierno cometió un error al reducir las penas de 56 personas condenadas, la mayoría por abusos sexuales contra menores. En un mensaje televisado desde La Moneda, acompañado por parte de su gabinete, afirmó que ninguna explicación técnica o jurídica puede justificar ante una víctima que su agresor quede en libertad antes de tiempo. También pidió disculpas a quienes sufrieron esos delitos y dijo que el Estado les falló.

Entre los beneficiados hay al menos dos personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, según la prensa local. Los decretos se firmaron entre marzo y septiembre pasados, y la medida se tomó pese a una ley aprobada en 2022 que excluye a los agresores sexuales de estos beneficios, pensados para premiar la buena conducta de los reos.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, responsable de los decretos, defendió inicialmente la decisión. Argumentó que las normas constitucionales obligaban a aplicarlas de inmediato y que los beneficiarios fueron condenados antes de la reforma, por lo que no se les podía aplicar de forma retroactiva. Luego sumó un argumento basado en la jurisprudencia de la Corte Suprema. La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, respondió que fue el ministro quien dictó los decretos, con facultades legales propias, y que sin un recurso de amparo los tribunales no podían pronunciarse sobre el caso.

Kast descartó destituir a Rabat, pese a las exigencias de la oposición y de organizaciones de derechos humanos. Dijo que el ministro reconoció la gravedad de lo ocurrido y que seguirá en el cargo con la tarea de liderar las soluciones y esclarecer los hechos. El mandatario anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para cerrar el vacío legal que, según él, permitió esta situación, y que su gobierno suspenderá la emisión de nuevos decretos de rebaja de condenas mientras el legislativo analiza el tema.

La crisis golpea la imagen de un mandatario que llegó al poder con promesas de proteger a la familia y a la niñez, y de combatir el crimen con mano dura. Según una encuesta de Plaza Pública citada por la prensa, el 66% desaprueba su gestión y el 92% rechaza el beneficio concedido a los condenados. Desde la oposición, la senadora Fabiola Campillai pidió la renuncia de Rabat y del subsecretario de Justicia, Luis Silva, mientras que el diputado Gonzalo Winter criticó que nadie haya asumido responsabilidad política.

Expertos dudan que el gobierno pueda dejar sin efecto las rebajas. Por el principio de no retroactividad, las medidas que ya produjeron beneficios difícilmente podrían revertirse y los reos volver a prisión. El académico Pedro Anguita explicó que la administración puede invalidar un acto viciado dentro de dos años desde su notificación o publicación, aunque la revocación no podría aplicarse hacia atrás si el decreto ya generó derechos.