Indígenas de Colombia rechazan plan del Gobierno para regular a su guardia

Cientos de guardias indígenas se reunieron en las montañas del suroeste de Colombia para discutir cómo responder a una iniciativa del Gobierno que busca regular el funcionamiento de esta organización ancestral de defensa territorial. Sus integrantes advierten que la medida podría exponerlos a más riesgos al someterlos a mecanismos de vigilancia y control estatal.

El debate se da en el Cauca, departamento golpeado por grupos armados ilegales, guerrillas y organizaciones ligadas al narcotráfico. Allí viven aproximadamente 350.000 indígenas, principalmente del pueblo nasa, y los pueblos indígenas representan más del 4 % de la población colombiana. Desde hace décadas, la guardia protege a las comunidades y sus territorios sin recurrir a armas de fuego.

El plan oficial contempla un sistema de información con datos sobre los integrantes de la guardia y los lugares donde operan. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) teme que esa herramienta termine funcionando como instrumento de persecución. En un comunicado, la organización alertó que el sistema podría derivar en vigilancia, estigmatización y procesos judiciales contra sus miembros. En un encuentro multitudinario en Caloto, los asistentes levantaron bastones de madera y corearon consignas en defensa de su pueblo y su tierra.

Las funciones de la guardia incluyen alertar sobre amenazas, intervenir en emergencias, rescatar personas secuestradas, buscar menores reclutados por grupos armados y proteger los bosques de la deforestación. José Joy Martenorio, coordinador político del CRIC, explicó que son quienes recorren el territorio y avisan de los peligros inminentes. En febrero, la guardia rescató a la líder indígena Aida Quilcué, excandidata a la Vicepresidencia, tras varias horas de secuestro a manos de guerrilleros. Según la autoridad indígena, al menos 120 indígenas han sido asesinados por grupos ilegales en la última década.

La disputa refleja también diferencias sobre el modelo de desarrollo. El presidente Abelardo de la Espriella impulsa actividades como la minería y el fracking, mientras comunidades indígenas y afrocolombianas las rechazan por sus posibles efectos ambientales. El mandatario calificó esa resistencia como un obstáculo para el desarrollo del país y dijo que su Gobierno no se dejará intimidar por las movilizaciones. Edwin Capaz Lectamo, del CRIC, describió el choque como una confrontación entre quienes priorizan el territorio, la vida y la espiritualidad, y quienes ven esas tierras como una oportunidad de negocio.

La tensión subió el 14 de octubre, cuando unos 6.000 indígenas de distintas regiones participaron en la primera marcha nacional contra el Gobierno y rechazaron el proyecto de regulación. Pese a sus diferencias con el Ejecutivo, los representantes aseguran estar dispuestos a dialogar, siempre que se respeten sus derechos territoriales y su autonomía.