Haití enfrenta un debate entre la contención armada y la seguridad humana

Haití atraviesa una crisis que, según analistas de seguridad regional, ya no se limita a un problema interno. Gran parte de la capital, Puerto Príncipe, está bajo control de alianzas criminales, entre ellas la conocida como Viv Ansanm, mientras el Estado pierde capacidad para gobernar. Aunque muchos coinciden en calificar al país como un Estado fallido, esa definición no libera a los demás gobiernos del hemisferio de su parte de responsabilidad, pues Haití es miembro fundador del sistema interamericano, de la OEA y de la ONU.

El debate se organiza alrededor de dos modelos. El primero, que algunos especialistas llaman la «Doctrina Donroe», retoma una lógica de control hemisférico con énfasis en sellar fronteras, frenar la migración irregular, combatir el crimen transnacional y evitar que potencias rivales ganen terreno. Este enfoque tiende a ser unilateral y a depender de la fuerza.

El segundo es el de seguridad multidimensional, que la OEA viene promoviendo desde 2003. Su punto de partida es la protección de la vida, la dignidad y el acceso a necesidades básicas. Desde esta mirada, las bandas son el resultado de décadas de corrupción, impunidad, tráfico de armas desde el exterior y falta de oportunidades para miles de jóvenes, por lo que la respuesta militar por sí sola no basta.

La fuente sostiene que las misiones multinacionales y el fortalecimiento de la Policía Nacional de Haití no han detenido el avance de las pandillas, y que el desplazamiento forzado de población sigue en aumento. Según este análisis, la presencia armada puede contener un frente urbano durante un tiempo, pero no reemplaza la gobernanza en territorios donde el Estado está ausente.

Entre las salidas planteadas figura una negociación con la sociedad civil, que incluiría iglesias, movimientos de base y coaliciones ciudadanas como el Acuerdo de Montana, firmado en 2021 para impulsar una transición democrática. Esa vía buscaría abrir corredores humanitarios, pactar ceses del fuego focalizados y aplicar programas de desarme, desmovilización y reintegración para jóvenes. A escala internacional, se propone frenar el tráfico de armas y las redes financieras que sostienen a los grupos criminales.

Panamá tiene un papel destacado en este proceso. Ocupa un escaño como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para 2025 y 2026, y es corredactor, junto con Estados Unidos, de las resoluciones sobre Haití. Con la Resolución 2793, aprobada el 30 de septiembre de 2025, se creó la Fuerza de Supresión de Pandillas, que puede desplegar hasta 5,500 efectivos policiales y militares y 50 civiles. El mandato inicial es de 12 meses y se extiende hasta marzo de 2027, con el objetivo de desarticular bandas armadas y recuperar el control territorial.

Para Panamá, la situación tiene un efecto directo, ya que las fracturas del Caribe llegan hasta la frontera del Darién. La discusión sobre el rumbo de Haití, concluye el análisis, define si el país logra recuperar su gobernanza o queda atrapado en una violencia prolongada.